Fraude en la Sedesol

El interior de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Hidalgo ocurren irregularidades administrativas que salieron a la luz a partir de la denuncia del desvío de recursos públicos federales que presentaron beneficiarios del Programa Empleo Temporal. Además, se señala a esa delegación, a cargo de José Ángel Rodríguez Calvillo, del despido injustificado de al menos 15 empleados.

Vecinos de Cuatolo, Tepehuacán de Guerrero ?- comunidad  indígena situada en las faldas de la Sierra Gorda hidalguense, a unos 340 kilómetros de Pachuca, denunciaron un faltante de 363 mil 436 pesos en los recursos federales asignados para generar 11 mil 988 jornales.

Se acordó construir 100 letrinas en el poblado que serían pagadas por la Sedesol local y con el apoyo de la presidencia municipal. El gobierno municipal, encabezado por Martín Pérez Sierra, aportaría 241 mil 473 pesos. Tal como lo describe el oficio de autorización de la obra, esta suma era equivalente al costo de los materiales para las 100 letrinas.

De acuerdo con el oficio de autorización de obra del 20 de septiembre de 2007, emitido por la Subdelegación de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol en Hidalgo, se aprobaron recursos federales por 563 mil 436 pesos destinados a pagar 11 mil 988 jornales en la construcción de 100 letrinas para la localidad de Cuatolol, municipio de Tepehuacán de Guerrero.

Al término de la obra, señalan los vecinos de Cuatolo, únicamente recibieron 2 mil pesos por cada letrina construida para liquidar el trabajo de los albañiles; por lo tanto, el pago sumó un total de 200 mil pesos. Sin embargo, subrayan, hubo un faltante de 363 mil 436 pesos, suma que se destinaría a pago de mano de obra y que nunca llegó a los beneficiarios del programa, por lo que exigen que se investigue a la delegación de Sedesol en Hidalgo.

Por otra parte, los demandantes señalaron que el gobierno municipal que encabeza Martín Pérez Sierra, les informó que los beneficiarios del Programa Empleo Temporal deberían excavar la fosa en la que construiría la letrina y que esa labor se consideraría como una “aportación”. Por su parte, la presidencia municipal otorgaría los materiales y pagaría la mano de obra.

Sin embargo, cuando se integró el Comité de Obra, los trabajadores tuvieron conocimiento de que esa construcción se contemplaba en el llamado “Programa de Empleo Temporal” de la Secretaría de Desarrollo Social, cuya delegación en Hidalgo despacha José Ángel Rodríguez Calvillo. Tan pronto como los beneficiarios del programa consiguieron la copia del oficio de aprobación de la obra, se percataron de que habían sido objeto del robo de varios cientos de miles de pesos por las autoridades.

En entrevista, Francisco Avelino Hernández, presidente del comité de obra, declaró que cada uno de los beneficiarios recibió 96 piezas de block y 12 bultos de cemento para su letrina, en tanto que según el expediente de la Sedesol cada beneficiario recibiría 15. 25 bultos de cemento y 112 piezas de block.

Hernández reclama que, de los 536 mil 436 pesos de mano que se asignaron para pagar 11 mil 988 jornales, como un paliativo a la pobreza extrema en que viven los vecinos de esta localidad indígena, la Sedesol únicamente les envió 200 mil pesos para cubrir el trabajo de los albañiles. Esto significa, reclama Francisco, que ignoramos el paradero de 363 mil 436 pesos, de 300 sacos de cemento y  mil 600 piezas de block.

Por su parte, Severiano Hernández Eulogio, beneficiario del programa, explica que la presidencia municipal pagó 2 mil pesos a cada albañil. “Envió a un trabajador de obras públicas a hacer ese pago bajo presión, porque como el presidente iba a venir al festejo de los niños, les advertimos que si no nos pagaban lo que nos habían dicho le íbamos a reclamar. Por eso vino Felipe Hernández a pagarnos los 2 mil por letrina, pero no sabíamos que nos tocaban mas de 5 mil 600 a cada uno, hasta que conseguimos la copia del expediente de la Sedesol”, señala.

“Nos robaron la mayor parte del dinero de la mano de obra y nos pasaron cuchillo con los materiales, por eso vamos a pedir una auditoría o que se investigue a la Sedesol para que nos digan en dónde quedó ese dinero, los 300 bultos de cemento y los mil 600 blocks”, indica.
Agrega que, aunque el oficio de aprobación de la subdelegación de Desarrollo Social y Humano tiene fecha del 20 de septiembre del año pasado, el programa se ejecutó –al menos en su localidad-  apenas entre el 5 y el 15 de febrero de este año que fue cuando se suministraron los materiales, en tanto que los 2 mil pesos por letrina apenas se les entregaron días antes del 30 de abril de este año.

Molestos, los vecinos de Cuatolo, Tepehuacán de Guerrero advirtieron que solicitarán “hasta la Presidencia de la República” una auditoría a la delegación de la Sedesol, a la que señalan como “cómplice de estas raterías”. Arremetieron: “creemos que si la Sedesol manda este dinero, seguramente sabe quién o quiénes se quedaron con esos recursos y los materiales de nuestras letrinas y si no son ellos ¡que investiguen y se castigue a los ladrones!”.

Atropellos

En los últimos tiempos, al interior de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social ha proliferado el despido injustificado del personal. Esto comenzó en noviembre del 2007, cuando a esa delegación llegó Genoveva Latapí Ortega a ocupar la Coordinación de Programas y Áreas de Apoyo.  Algunos afirman que su cargo lo obtuvo por recomendación de un ex alto funcionario central de la Sedesol, pues hasta entonces era una desconocida en ese ámbito laboral y, acaso, su referencia más notable es ser hermana del conductor de noticias de TV Azteca, Pablo Latapí Ortega.

Desde que Genoveva llegó a esa coordinación, un promedio de 15 promotores sociales fueron despedidos sin justificación, citan las fuentes quienes agregan que, a dos trabajadores más se les descontinuó el sueldo. Por otra parte, señalan que en el cargo de las personas cesadas ahora se desempeña personal no calificado, además de que desde entonces se deterioraron las relaciones con las organizaciones de jornaleros agrícolas.
La situación interna vive tal deterioro que la delegación de Sedesol de Hidalgo enfrenta ya tantas demandas laborales al grado que la doceava sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social (SNTSEDESOL) formalizó su descontento a través del oficio 152/2007 que firma Magdalena Montiel Hernández, secretaria general del sindicato en Hidalgo y que dirigió a Carlos Villegas Flores, quien entonces era delegado de esta secretaría.

En ese documento, del 22 de noviembre del 2007, la líder sindical sale en defensa de su agremiada Bertha Armenta Islas, quien fue removida por Latapí Ortega. Magdalena Montiel señala que “sin justificación” Armenta fue separada de su puesto como secretaria adscrita al Programa de Jornaleros Agrícolas. Expresa la “molestia de esta sección sindical” porque “sabemos perfectamente” que la remoción de Bertha Armenta se dio sin que Latapí supiera cómo se desarrollaba el trabajo de afectada y a unos “días de haber llegado a esta delegación, ya estaba solicitando el cambio de la trabajadora”.

La versión de la extrabajadora coincide con el reclamo de su dirigente sindical. Su remoción no sólo fue injustificada, sino ridícula, pues ocurrió luego de que Bertha Armenta solicitara a Latapí no fumar cerca de ella porque afecta a su salud. Tras su enojo, la coordinadora interpuso ante el entonces subdelegado de Desarrollo Social y Humano, José Antonio Cuevas Durán, la remoción de la trabajadora. En tal virtud, el SNTSEDESOL hidalguense solicitó al delegado Villegas Flores que “hable con la Latapí, ya que ella es la que integra este equipo de trabajo y le exigimos respeto a todos los trabajadores”.

Contra las normas

Sin embargo, el respeto nunca llegó, y no sólo contra trabajadores sindicalizados, sino contra trabajadores comunes para quienes Latapí ha dirigido su “despotismo”, relata Raúl Pineda Vite, despedido por la funcionaria y quien se desempeñó como coordinador de Difusión, Capacitación y Control de la Red de voluntarios de la delegación estatal de la Sedesol.

Inconforme con la mala experiencia por la que pasó, el 12 de mayo pasado Pineda Vite expuso su situación en una carta abierta que dirigió al presidente Felipe Calderón. En ella, el extrabajador lamenta cómo a dos años de llegar a la Presidencia “ha resultado verdaderamente decepcionante ver la casi nula presencia de personas comprometidas con el sentido de la ética en las representaciones de la administración pública federal”.

De esta forma –sigue la misiva-, el delegado de la Sedesol hidalguense, José Ángel Rodríguez Calvillo, “ha mantenido una postura tibia” ante las “injusticias” de Genoveva Latapí, de quien refiere “se ostenta como licenciada (y) tiene apenas la preparatoria terminada, firmando documentos oficiales, usurpando profesiones.”
Pineda Vite añade que Latapí “mantiene un trato de despotismo hacia las personas y a partir de su ingreso ha despedido injustificadamente a 15 personas quienes trabajan como promotores sociales del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, quienes ya  interpusieron una demanda ante las autoridades competentes.”

Acusa que “los actos de injusticia” de Latapí Ortega “son enteramente aceptados” por Gerardo Aguirre Maldonado, subdelegado de Desarrollo Social y Humano, “quien solapa los actos de ineptitud”, debido a la relación sentimental que mantienen. El firmante señala a la funcionaria de “priista con nexos con el gobierno del estado” y le imputa a Latapí “falta de conocimiento para manejar los programas sociales, nepotismo, despido injustificado, desvió de recursos, entre otros”.

Y es que, conforme a la normatividad Descripción de funciones de Coordinador de Programas y Áreas de Apoyo, emitida por la Sedesol, Latapí Ortega debe cubrir el perfil académico que, entre otros aspectos, le requiere contar con: “todas las carreras a nivel pasante o terminado, o formación afín en alguna (s) dependencia (s) de la Administración Pública”. No obstante, según sus impugnadores, Latapí apenas posee estudios de preparatoria concluidos.

Además, tal como refiere esa normatividad, quien ocupe tal coordinación debe “tener cuando menos un año de experiencia como coordinador de capacitación, jefe de relaciones públicas, coordinador de desarrollo de proyectos sociales o trabajo con grupos sociales, en puestos de la administración pública, empresa privada u organizaciones de la sociedad civil”. Latapí Ortega tampoco cubre ese perfil, pues su currículum apenas indica dos empleos anteriores entre los que no figura ninguno dentro de la función pública.

Enojados y ofendidos

Esa situación no sólo perturba el clima interno de la dependencia, sino que se traduce en menoscabo de los servicios que la Sedesol debe brindar a los beneficiarios hidalguenses. Así se refleja en la misiva que el 2 de abril de este año envió Nolasco Reyes Lara, delegado municipal de la comunidad Tzinancatitla, Jaltocán al delegado José Ángel Rodríguez Calvillo.

En ese documento, el firmante reclama falta de información, desatención y engaños por parte de la oficina de atención a jornaleros agrícolas de Huejutla hacia la organización de trabajadores de ese lugar. Nolasco Reyes Lara le hace saber a Rodríguez Calvillo que los integrantes de su organización “nos sentimos molestos, enojados y ofendidos”, por la situación que deriva de la responsabilidad de Latapí Ortega, a través del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas a su cargo.

Reyes Lara explica como encargado de esta oficina en Huejutla: “Romero o Homero (porque ni el nombre sabemos, con eso de que no va a la comunidad), no nos ha dicho dónde se compraron estos materiales (para la construcción de casas comerciales, según lo establece el proyecto comunitario de la organización) y cuánto costaron y ninguna de las facturas. Además, no nos tomaron en cuenta para ver a qué casas comerciales se iban a invitar para que dieran sus precios. Porque antes sí nos daban todas las copias y toda la información de nuestros proyectos y ahora no.

“El encargado de la oficina no nos atendió bien, nos dijo que no sabe nada de estos documentos, y en relación a los precios se molestó y dijo que lo investigará. Por eso nos sentimos molestos, enojados y ofendidos”, acusa el delegado comunitario.

Esos hechos violan el artículo 10 de los derechos y obligaciones de los sujetos del desarrollo social, que establece que los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen derecho a “recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad y acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación, recursos y cobertura”.
Sin embargo, mientras las normas de la Sedesol hidalguense establecen parámetros de conducta que en la práctica sus funcionarios ignoran, los beneficiarios  y los promotores reiteran su pesar porque las autoridades federales no actúan a pesar de su reiterada solicitud para que exijan responsabilidad a los funcionarios locales. “Ya nos olvidaron, no nos hacen caso”, lamentan.

Publicado: Año 3 / Junio 2008 / No. 31