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HIDALGO  

Zimapán crece el descontento por planta de residuos peligrosos

Sergio Islas
Desde hace cuatro años la región de Zimapán es el campo de batalla en donde se disputan fuertes intereses económicos extranjeros apoyados en la avaricia de políticos nacionales y locales que se ocultan tras la bandera de la defensa de la vida y el medio ambiente de la región. La pugna entre dos firmas europeas yace en el fondo del conflicto social que ha escalado en esta región hidalguense y a la que contribuyó la desinformación de las autoridades federales y estatales.

 

 

 


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Ya desde 1994, cuando la secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), autorizó a la empresa española Abangoa para construir la planta de reciclado y el confinamiento de desechos industriales más grande de México en este municipio hidalguense enclavado en la Sierra Gorda, comenzó a gestarse la tensión.

Esa autorización desató el desaliento de los pobladores, quienes hoy se dicen engañados por los tres ámbitos de gobierno. Afirman que durante más de tres años se les ocultó la verdadera función de este gigantesco proyecto, pues las autoridades les aseguraron que en Zimapan se construiría una planta de reciclado de desechos urbanos y no un confinamiento de materiales peligrosos.

Al descubrir la verdad, hace seis meses, los zimapences decidieron aglutinarse en las organizaciones Zimapán somos todos y Unidos por Zimapán A.C., para impedir que se instale la empresa española y concluya su obra. Esta determinación, aseguran, va incluso en contra de las decisiones del gobierno estatal que no ha dudado en utilizar la fuerza pública contra los opositores al confinamiento, para salvaguardar los intereses de la firma extranjera.

Esta confrontación en tierras hidalguenses es la expresión de la guerra sucia que libran la española Abengoa y la francesa Residuos Industriales Multiquim (RIMSA), por preservar el monopolio del confinamiento de materiales peligrosos que produce la industria mexicana, actualmente en manos de RIMSA.

Otra arista de este conflicto es la escalada de violencia local en donde han salido a la luz  armas de fuego y la represión policíaca del Estado. A ello se suman el problema ecológico por la generación de desechos industriales tóxicos de alta peligrosidad que ponen en riesgo el agua, aire y suelo. Ese es, plantean las autoridades locales y federales, el problema que supuestamente resolverá Abengoa.

Falsos proyectos

La planta de confinamiento nació con el nombre de Sistemas de Desarrollo Sustentable y se construye en el ejido Cuauhtémoc, en una superficie de casi 133 hectáreas en este municipio, ubicado a nueve kilómetros de la cabecera municipal de Zimapan.

El complejo está integrado por una planta de estabilización-inertización, para tratar residuos sólidos, semisólidos y líquidos que serán estabilizados por un proceso en el que se utiliza cal, cemento y arcilla, principalmente, para reducir la peligrosidad del residuo. De esta manera, se minimiza la velocidad de migración de los contaminantes  al medio ambiente y se reduce su toxicidad, agrega la escasa información que brindan las empresas y autoridades.

También se contempla construir y operar un confinamiento controlado de 442 mil 547 metros cuadrados, que se levantará en dos etapas, así como una planta tratadora de lixiviados. Pese a esos planes, preocupa a los habitantes de Zimapan la corrupción, la mentira y el silencio por parte de las empresas concursantes así como por las autoridades federales y locales.

Al no informar veraz y suficientemente sobre el propósito real de ese confinamiento, las firmas extranjeras contribuyen a generar conflictos sociales en los lugares que operan o han pretendido instalarse. Bajo esa lógica, también es responsable el gobierno federal que, alegando que desea solucionar el grave problema social y económico por la falta de infraestructura en el país, asume el discurso de las empresas de que con las plantas se crearán numerosas fuentes de empleo.

Los funcionarios federales afirman que las empresas dedicadas a estas tareas de saneamiento, garantizan su operación bajo las normas internacionales y dar así el adecuado tratamiento y confinamiento de los desechos industriales que se generan en la república. En contraste, los estudiosos del tema y los habitantes de las comunidades, exhiben documentos y testimonios que revelan el desprestigio de esas firmas trasnacionales.

Por esa razón, señalan los zimapences, ese proyecto es indefendible la planta de Abangoa, a pesar del abierto apoyo gubernamental que, incluso, ha recurrido hasta a la represión policíaca en Zimapan. 

Conflicto manoseado

El proyecto “Sistemas de Desarrollo Sustentable”  nació politizado. Las primeras gestiones y negociaciones para instalar este confinamiento de desechos peligrosos se realizaron ante los gobiernos federal y municipal, ambos de extracción panista y pasaron por alto al gobierno del estado de Hidalgo, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Esto salió a la luz pública desde julio pasado, cuando la inconformidad social de los habitantes de Zimapán estalló. De ahí la primera respuesta que recibieron los inconformes del gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de que no estaban enterados del asunto. En parte esto fue cierto, ya que en las primeras negociaciones no se consideró al exgobierno de Manuel Ángel Núñez Soto.

De manera formal, la Secretaría de Gobernación de la entidad procedió a conformar el expediente, y dio paso a que la inconformidad creciera. Por eso, el gobernador Miguel Ángel Osorio y el secretario de Gobierno, Francisco Olvera Ruiz, han insistido reiteradamente en la politización del conflicto social. Y como para despejar las dudas y darle razón a quienes están a favor de la instalación de la planta, el pasado 11 de enero, el movimiento Unidos por Zimapan dio una muestra de estos señalamientos.

Tal vez por tratarse del obispo Samuel Ruiz, vinculado a la lucha indigenista en México y en particular en Chiapas, nadie dijo nada; pero el pasado 11 de enero, en Zimapan, la iglesia católica ganó la calle. Desde el improvisado púlpito, armado sobre dos plataformas de trailer y ubicado frente a las instalaciones de la presidencia municipal, Samuel Ruiz ofició la misa y se sumó a la lucha del movimiento social Todos Somos Zimapan.

En esa ocasión, el prelado afirmó que Zimapan se ha convertido en el municipio en donde se defiende la vida, la salud y se protegen los derechos humanos, sumándose en todo momento a la lucha del movimiento popular y haciendo un llamado a la unidad.

Este hecho cobra relevancia ya que para la Secretaría de Gobernación de la entidad, quien ahora encabeza el movimiento de resistencia es el párroco del lugar, Víctor Castillo Vera, quien, cabe destacar,  ha sido acusado hasta de pederastia por quienes están a favor de la planta. Una vez terminada la ceremonia litúrgica, se hicieron a un lado los símbolos religiosos para que las dos plataformas de trailer se transformaran en la tribuna del mitin a favor del cierre de la planta confinadora de desechos tóxicos y peligrosos.

El mitin fue presidido por el diputado perredista y legislador del estado de México, Germán Rufino Contreras; el ex candidato panista a la presidencia municipal por el PAN; uno de los líderes más visibles del movimiento, José María Lozano; el líder nacional de El Barzón, Cresencio Morales y el diputado federal panista, Eric Marte, entre otros.

Ante más de tres mil personas que habían escuchado atentas la ceremonia religiosa, los dirigentes de la resistencia civil hicieron caso omiso del llamado a la unidad al que unos minutos había convocado el obispo de Chiapas, Samuel Ruiz.

Mientras el diputado del estado de México, Rufino Contreras, arremetía contra el gobierno federal panista, el diputado federal Eric Marte, del mismo partido, se revolvía y gesticulaba en su asiento.

Al mismo tiempo, unos jóvenes aprovechaban el sitio casi vacío destinado a los fotógrafos para hacerse notar exhibiendo una pancarta de El Barzón y que provocaron la molestia del líder nacional de esta organización de deudores, quien amagó por lo menos en dos ocasiones con levantarse del lugar.     

La lucha entre los dirigentes del movimiento opositor subió de tono, aderezada por el proceso electoral que vive la entidad, mientras se libra en ese mismo lugar la pugna por otros intereses. Fuentes cercanas al gobierno hidalguense y de acuerdo con algunos analistas económicos, la inconformidad social de los habitantes de Zimapan, se aprovecha y  azuza por la única empresa en el país que posee un centro de confinamiento de desechos peligrosos, Residuos Industriales Multiquim, S.A. de C.V. (Rimsa)

El análisis estima que, de concretarse el proyecto Sistemas de Desarrollo Sustentable, en Zimapán la gran perdedora sería Rimsa, pues estaría en desventaja por su ubicación y ello se traduciría en grandes pérdidas económicas. Por esa razón, a José María Lozano se le vincula con la empresa Gigantes Ecológicos de Tula, que a su vez presta sus servicios de transporte a RIMSA.

 

Mentiras y silencio: estrategia oficial

Los pobladores de Zimapán centran su indignación contra las autoridades de los tres ámbitos de gobierno y la empresa española por engañarlos durante los tres años que lleva en construcción este proyecto. José María Lozano, uno de los dirigentes del movimiento Todos Somos Zimapan, explicó: “durante tres años las autoridades municipales, estatales y federales, mantuvieron la mentira de que la obra que se construye en la comunidad de Bothiña sería una planta recicladota de basura, “por eso en un inicio hasta apoyamos su construcción”, señaló.

 Esa versión del movimiento ciudadano cobra fuerza en el resolutivo número G.P.A.DGIRA.646.04 que emitió la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, en donde se admite que no se realizó ninguna consulta pública del proyecto.

Ese documento, dirigido a Norberto del Barrio Brun –apoderado legal de Befesa–, explica que ese requisito se salvó en virtud de que la Sociedad Ecologista Hidalguense presentó a la delegación federal de la Semarnat en la entidad la solicitud de que consulta pública fuera del plazo establecido por la Ley, esta no se realizó.

Sin embargo, para el movimiento social este trámite legaloide no es suficiente. Argumentan que la Semarnat y los gobiernos municipal y estatal estaban obligados a informar a los pobladores de la naturaleza real del proyecto. Al final del proceso, los pobladores de Zimapan y los habitantes de sus comunidades serían los afectados por esta decisión gubernamental, explican.

En este reclamo contra el silencio y el engaño de que fueron objeto los zimapences, han descubierto que no están solos. Esa mentira parece ser una estrategia de las autoridades federales y las empresas para alcanzar su objetivo de construir al menos diez plantas de estas características en todo el país. En ese gran plan, se inserta el proyecto denominado Centro de Gestión Integral de Residuos (Cegire), que se construye entre Hermosillo, Sonora y la ciudad fronteriza de Sonoyta, en el municipio de General Plutarco Elías Calles.

Tampoco en este caso la Semarnat realizó una consulta pública entre la población que sería afectada por este vertedero de desechos industriales. En su afán por mantener en secreto el proyecto, las autoridades ambientales del país olvidaron el acuerdo La Paz, firmado el 14 de agosto de 1993 entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Ahí, ambos países se comprometían a cooperar en las acciones destinadas a proteger y mejorar el medio ambiente en la zona fronteriza. 

Este olvido provocó la preocupación de la División de Manejo de Desechos Sólidos de la Región Nueve, de la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos (AEPA), ante la inestabilidad social que se generó en la zona por la instalación de esta planta en la frontera norte del país. Por esa razón, la AEPA envió un escrito a su homólogo en México, en la que le sugería consultar directamente “a la nación  Thono O’odham (pueblo indígena que habita entre Arizona, Estados Unidos y Sonora, México) para determinar y mitigar las preocupaciones”.

El recuento de casos similares quedaría incompleto si no se suman los proyectos promovidos por el gobierno federal a finales de los años noventa, a cargo de la empresa Metalclad de California. Con una estrategia de secrecía y desinformación para los pobladores, se comenzó a construir una de las plantas de confinamiento en La Pedrera, San Luís Potosí y cuando fracasó, gracias a la resistencia popular, la empresa trató de construir otro confinamiento en el Llano, Aguascalientes.

En ambos casos los habitantes de las comunidades reaccionaron inconformes ante la idea de tener cerca de sus hogares los peligrosos desechos industriales.

 

La sucia historia de Rimsa y Befesa

La empresa francesa Residuos Industriales Multiquim, S. A. de C. V. (Rimsa), posee una planta de confinamiento de desechos tóxicos y peligrosos en Mina, Nuevo León y también ha sido señalada como riesgosa. En más de una ocasión, fue objeto de debates en el congreso local por las constantes quejas de los habitantes de las comunidades aledañas a la planta.

En marzo del 2002 el legislador local, Rafael Salazar Cornejo, hizo un recuento de las anomalías de Rimsa en perjuicio del medio ambiente y de la población aledaña a la planta desde 1998, cuando comenzó a operar. Estos perjuicios contra el medio ambiente y la salud de los ejidos aledaños a la planta, no le han merecido a la empresa ninguna sanción.

A Rimsa se le atribuye la muerte de más de 500 cabezas de ganado, como resultado de la contaminación de los posos de agua y de los pastizales y hierba aledaña con un polvo rojizo. Desde la tribuna parlamentaria, se recordó la denuncia por fraude que interpuso Pemex a Rimsa en octubre del 2002 por haber confinado en el municipio de Mina residuos hexaclorados –sustancias prohibidas desde los años 60 al comprobarse su daño en la salud humana y animal, por lo que deberían ser confinados en lugares especializados en los Estados Unidos–.

En esa ocasión también se explicó que las autoridades ecológicas de Nuevo León no cumplieron con obligar a Rimsa a acatar la ley: es decir, a sacar el material contaminante almacenado ilegalmente en suelo de Mina, Nuevo León, para enviarlo a su destino final: los Estados Unidos. Por esa razón, se teme que las enfermedades y la contaminación en la región tienen como raíz el mal manejo de los residuos altamente peligrosos, concluyó entonces la participación del legislador Salazar Cornejo.

Más grave aún, un año antes de esos acontecimientos, a fines de septiembre de 2001, Rimsa había sido sancionada por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que la inhabilitó para ofrecer sus servicios a los tres niveles de gobierno por un año. La causa fue que no realizó la destrucción correcta de 11.5 toneladas de hexacloratos generados en la planta de Percloroetileno de Petroquímica de Pajaritos. Al parecer, esa sanción nunca se cumplió.

Según el Diario Oficial de la Federación del 2 de octubre de ese año, Rimsa incumplió el contrato número CS-PA-089/97 por el que se obligaba a destruir 777 contenedores metálicos chatarra que contenían hexaclorados, por el método de incineración en Port Arthur, Texas y enviar las cenizas y escoria a confinamiento en Lake Charles, Lousiana, Estados Unidos. Nada de lo anterior cumplió, en cambio, envió a confinar este material altamente peligroso –sin ningún tratamiento especial– a sus instalaciones de Mina Nuevo León. Con esa medida, la firma tuvo un ahorro de un millón 800 mil pesos.

Otras críticas se centran en Befesa, otra empresa española. Esa firma fue repudiada por los grupos ecologistas de su país y en particular, los que provienen de Huelva, donde se ubica una de sus plantas de confinamiento de desechos tóxicos y peligrosos. En febrero del año pasado hubo denuncias de ecologistas ante las autoridades españolas por el mal manejo de los materiales peligrosos por parte de Befesa que causó incendios, filtraciones de aguas residuales al río Tinto y nubes de polvo tóxico que afectan a poblados cercanos.

 

 

Publicado: Año 3 / Febrero 2008 / No. 27



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