Y también quedó claro que la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental obedeció a presiones externas –como muchas otras leyes aprobadas por la presente legislatura –, y no a la vocación democrática y de transparencia del actual gobierno. Y de paso, que la tan llevada y traída división de poderes sigue siendo sólo un sueño.
Ese debate vuelve porque Flor de María López, muy probablemente presidenta del IAIPG, no garantiza a la ciudadanía su derecho a la información pública gubernamental por ser parte del grupo gobernante. De esa manera, falta a la imparcialidad requerida por el cargo. Además, en el ejercicio de su función pública, a su paso por la Procuraduría de Justicia y la Contraloría estatales, demostró su lealtad a quien le debe su carrera política: Manuel Ángel Núñez Soto y no a las instituciones que representó.
A López González se le señala porque detenta la patente de notaria pública, que le habría regalado Nuñez Soto el ex gobernador de la entidad. Fue un regalo, afirman algunos, porque para merecer tal patente se deben cumplir los requisitos de la Ley del Notariado de la entidad; como el examen de oposición que deben presentar los aspirantes. Ella, al parecer, no lo hizo.
Los otros cuatro consejeros cuya responsabilidad será garantizar a la ciudadanía el acceso a la información son: Armando Hernández Tello, quien se desempeñó como delegado estatal de la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios Financieros (Condusef), Juan Melquiades Enzástiga Alfaro, Juan Felipe Paredes Carvajal y Martha Teresa Soto García, representante del Consejo Consultivo Ciudadano en Tulancingo, organismo que dirige el priista Mario Viornery.
Respecto al nombramiento del Auditor Superior del Congreso se puede decir algo parecido. José Luis Lima relevó a Jorge García Tavera como presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), cuando Miguel Ángel Osorio era Secretario de Gobierno.
En mayo de 2002, días después de la renuncia de García Tavera, una fuente confiable informó a esta columna que Osorio Chong le pediría a García Tavera la renuncia al cargo para que posteriormente (el 3 de junio de ese año), asumiera la presidencia del IEE el actual Auditor Superior del Congreso, José Luis Lima. Además, esa noticia fue un secreto a voces.
Con ese antecedente del nuevo Auditor Superior, se puede esperar que todo siga igual que hasta ahora: que los ciudadanos tendrán la información que el gobierno y el Congreso, de mayoría priista, deseen dar a conocer; y retardar o de plano negar la que no les interese que se conozca.
En los últimos días del 2007 hubo otro nombramiento interesante: Alejandro Austria Escamilla como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la entidad. De él que no hay mucho que decir, porque ni los abogados lo conocen; por lo que dudan que en ese nombramiento se haya respetado el articulo 95 de la Constitución estatal, cuya fracción V, especifica: “los nombramientos de los Magistrados serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficacia y probidad en la administración de justicia o lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otra rama de la profesión jurídica”. Esto, aseguran abogados, no corresponde a Alejandro Austria, cuya nominación provocó descontento entre quienes han confiado en la carrera judicial y se han quemado las pestañas en el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas de la institución.
Pero no todo esta mal, hay que reconocer la capacidad política del gobernador de la entidad, Miguel Ángel Osorio Chong, quién salvo algunas excepciones, como la de Zimapan, mantiene todo bajo su control. Eso ocurre hasta en la oposición, que le ha aprobado todo sin chistar, como estos nombramientos que reiteran que en Hidalgo no hay nada nuevo bajo el sol en democracia y transparencia.
Publicado: Año 3 / Febrero 2008 / No. 27
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