Una de las grandes tareas que tendrá la LX Legislatura local, a elegirse el próximo 17 de febrero, será la de revisar el trabajo legislativo que heredará. Para los analistas como Alberto Cravioto Chong, presidente del Foro de Abogados Postulantes del Estado de Hidalgo, la mayoría de las leyes y decretos aprobadas en este periodo legislativo no corresponden a la realidad y necesidad de los hidalguenses.
Y es que a menos de cuatro meses de que concluya el periodo legislativo de la Quincuagésima Novena Legislatura se aprobaron más de 30 nuevas leyes, ocho reformas a la Constitución Política local y 35 reformas a leyes secundarias.
Cravioto admite que, en todo ese panorama legislativo, algunas normas aprobadas sí fueron necesarias, como la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Hidalgo. Sin embargo, observa que gran parte de las leyes se gestaron al vapor y se copiaron de las leyes federales sin realizar estudios de campo y sin que mediara la participación de profesionales para ajustarlas a la realidad del estado.
Además, agrega el abogado, los ciudadanos ignoran el espíritu y contenido de esta amplia variedad de nuevas leyes que afectan su vida cotidiana. Por otra parte, agrega el experto, “habría que preguntarse hasta dónde también las conocen a fondo las autoridades encargadas de su aplicación”, refiriéndose a los mandos bajos y citó como ejemplo la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo.
Legislar desde el escritorio
Para Valerio Rodríguez Cadena, regidor integrante de la Comisión de Reordenamiento Urbano del municipio de San Agustín Tlaxiaca, la nueva legislatura deberá revisar algunas leyes como la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, aprobada el 17 de septiembre del 2007.
“Esta ley se hizo en el escritorio, sin la sensibilidad de acercarse con la gente más pobre”, señaló al ser entrevistado en el ejido de “La Loma”, una zona de las más pobres de la región que carece de los servicios más elementales como: agua potable, drenaje y luz eléctrica. Aunque se localiza a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad de Pachuca, este ejido –en donde habitan pobladores muy necesitados– resultará seriamente afectado por la nueva ley.
De acuerdo con el razonamiento de Rodríguez Cadena, la nueva Ley de Asentamientos Humanos acotará la autonomía del municipio. “Sí se seguirán otorgando permisos de construcción a sus habitantes, pero sin garantía, pues la última palabra la tendrá la Secretaría de Obras Públicas del gobierno estatal, la cual prohibirá que la gente pobre siga construyendo sus viviendas, como lo vienen haciendo hasta este momento”.
Otro ejemplo de la falta de diálogo del Congreso estatal con los ciudadanos se tradujo en la reforma para proteger la planta del maguey de la depredación. Rodríguez Cadena, regidor del PRD, informó que la nueva ley sanciona la explotación y transportación de la planta y sus derivados, pero no contempla ningún artículo ni apartado que salvaguarde los derechos del productor. “La ley no tomó en cuenta que existe un amplio sector de la población que vive de la explotación de ese recurso”, aseguró.
Al aprobar esa ley, sin tomar en cuenta las necesidades de la gente, los diputados fomentan la corrupción, señala el regidor, ya que los productores que sean sorprendidos transportando los derivados de esta planta serán extorsionados por policías corruptos. Basta recordar que la fuerza pública hidalguense carece de la confianza de los ciudadanos.
Soluciones por decreto
De acuerdo con el sitio electrónico del Congreso hidalguense, existen 87 leyes vigentes, y de éstas, al menos 50 han sido aprobadas en las dos últimas legislaturas. La mayoría de esas leyes han sido aprobadas al vapor, como ocurrió con la Ley de Justicia para Adolescentes, explica el presidente del Foro de Abogados Postulantes.
Esta ley se aprobó en cumplimento de un ordenamiento federal, pero sin realizar el necesario estudio legislativo porque se vencía el plazo para su dictaminación. Ese apremio arrojó como consecuencia que sea prácticamente imposible su aplicación, ya que se creo en el papel una infraestructura que en la práctica no existe.
Agrega Cravioto Chong que si bien el tema de los jóvenes es una preocupación mundial, en Hidalgo debería haberse realizado una amplia discusión pública, en la que participaran y se involucraran todos los sectores de la sociedad. “Debió incluir, por ejemplo, además de abogados, economistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos para que esta ley fuera integral, porque su alcance afecta a nuestros jóvenes, adolescentes y niños”, explicó.
Otra norma aprobada al vapor y que se deriva de una ley federal, es la de Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tiene una operatividad y calificaciones muy complejas, como el capítulo sobre la información reservada, la información privada y el tiempo que debe durar la secrecía de algún tipo de información. Para intentar resolver este tema tan complejo, los diputados decidieron crear un consejo, un órgano en el que se dirimirá cuándo se trata de información reservada y privada.
El dirigente del Foro de Abogados estimó que con el constante cambio y creación de nuevas leyes por parte del Congreso hidalguense, se está provocando es que se viva en una total incertidumbre jurídica. “Es humanamente imposible que la gente común conozca todo el cúmulo de reglas aprobadas y enmiendas que afectan y que le otorgan derechos”, sentenció.
Publicado: Año 3 / Febrero 2008 / No. 27
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