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HIDALGO  

Cómplice de despojos

Sergio Islas Medina
Descrédito de la administración pública por maniobras legaloides que consuman el despojo a locatarios de un centro comercial, a ejidatarios y a habitantes de fraccionamientos en provecho de empresas particulares.

 

 

 


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El conflicto político, social y legal que se teje en torno al mercado Las Fuentes de la pachuqueña colonia Piracantos, es sólo uno de los grandes pendientes que heredó el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong de las dos anteriores administraciones.

A tres años de su gestión, el gobernador no sólo no ha resuelto este conflicto, sino que lo ha complicado, y atiza el encono y la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones.

La corrupción, el tráfico de influencias, el uso de las instituciones públicas para servicio de quienes detentan el poder y la ineptitud de algunos funcionarios públicos, son los señalamientos que hacen los hidalguenses que advierten de la constante tensión social en el estado y que, de paso, opacan la gestión de Osorio Chong.

El desempeño del gobierno estatal se refleja en la escalada del conflicto social en Zimapán, en la falta de una salida política a la pugna por la defensa del bosque en la comunidad de Zacacuautla, Acaxochitlán y la creciente resistencia civil de vecinos del fraccionamiento Valle de San Javier, en Pachuca, que rechazan el uso de sus áreas comunes y vías de comunicación en beneficio de un colegio particular.

Ese panorama sembró la percepción de que este gobierno y sus instituciones están al servicio de intereses económicos y de grupo, con lo que esas comunidades están al borde de la ingobernabilidad. Atizan el ánimo los efectos por el acaparamiento de tierras - propiedad del gobierno- que alentaron las administraciones de Jesús Murillo Karam y Manuel Ángel Núñez Soto.

El efecto más grave de esa falta de ejercicio político se ilustra con dos ejemplos: el conflicto entre locatarios del mercado Las Fuentes y la omisión del gobierno ante la apropiación de espacios en el fraccionamiento Bosques del Peñar en favor de particulares (Contralínea Hidalgo 19). En ambos casos, es notorio el beneficio de una de las partes en conflicto en perjuicio de los desvalidos, que pone en riesgo la credibilidad del gobierno.

Parece una constante institucional, la tendencia a buscar salidas legaloides a los conflictos que involucran la propiedad de inmuebles. En el caso del mercado, la Procuraduría de Justicia argumenta que no proceden las denuncias por fraude interpuestas por los afectados contra el priista Álvaro Oviedo.

En el caso del fraccionamiento, el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos propuso a un particular la condonación de su deuda equivalente a 5 millones de pesos más intereses, con lo que poco contribuye a una salida política al juicio mercantil que afecta al menos a 280 derechohabientes del Infonavit e Issste.


Fraude anunciado
Al menos 39 comerciantes del pachuqueño mercado Las Fuentes, situado en la colonia Piracantos, se mantienen en resistencia civil. Se niegan a entregar un número igual de locales que adquirieron hace ya 10 años al empresario Joel Maldonado. El conflicto derivó de una orden judicial del Juzgado Segundo Civil de Pachuca, ya que los locatarios prueban la propiedad con contratos privados y cartas de sesión de derechos.

Al respecto, el secretario de gobierno Francisco Olvera Ruiz informó que “este conflicto es producto de un embargo que derivó de deudas de otros materiales y otros conceptos. Quien vendió los locales, Álvaro Oviedo, quien falleció, firmó con un tercero que generó un juicio mercantil y su sobrino, José Guadalupe Gómez Mejía, tramitó un juicio testamentario. Más tarde surgió un cuarto interesado, Joel Maldonado, quien compró los derechos a Gómez Mejía.

Hasta ahora no queda claro el origen de la deuda de Álvaro Oviedo con José Guadalupe Gómez Mejía. Ahora se indica que proviene de unos títulos autónomos y que por sí mismos tienen validez jurídica; por esa razón se ganó el juicio. Además de la acreditación de la propiedad del terreno, está el problema de 39 personas que ocupan estos locales, que a su vez, nunca acreditaron el finiquito del pago del local. Álvaro Oviedo no les firmó ningún documento que avalara ese hecho, por lo tanto, “se trata de  un conflicto entre 39 personas que ocupan los locales y una persona que en un embargo se adjudica la propiedad de éstos y los vende”, dice Olvera Ruiz.

Sin embargo, para los locatarios en resistencia como Ricardo Martínez y Primo Torres Vargas, se trata de “es un fraude bien planeado desde septiembre de 1996”. Fue entonces cuando Oviedo Pacheco, en su carácter de presidente de la  Asociación de Comerciantes Palmar A.C., recibió el predio en que se edificó el mercado por parte del organismo descentralizado del gobierno del estado denominado INVIDAH. Los comerciantes del Palmar, subrayan que esa “es una organización fantasma creada para justificar la donación” y otras canonjías más.

Agregan los afectados que Álvaro Oviedo -conocido  operador político del PRI en la zona -, construyó el mercado sin la autorización correspondiente, ni el Registro de Régimen de Propiedad y Condominio, ni la licencia de construcción; tampoco proveyó de servicios básicos como agua potable y luz, ante la complacencia de las autoridades.

Aún así, desde hace 12 años comenzó la venta de los 220 locales, planchas y las áreas comunes del mercado por sumas que oscilan desde los 30 mil hasta los 120 mil pesos, según tamaño y ubicación, informan los comerciantes. Esas operaciones se respaldaron con contratos privados y cartas de asignación, bajo la  promesa de su pronta escrituración que nunca se cumplió, explican.

Manifiestan que para no escriturarles Oviedo Pacheco, “en complicidad con Martín Armenta España, Eduardo Yáñez Zamora y Cándido Gómez, maquinaron un autoembargo de todo el mercado utilizando a Cándido Gómez Jaen, quien simuló un millonario adeudo”. Por esa razón, desde diciembre de 2006 surgió la estrategia para desalojarlos.

Los comerciantes aseguran que su caso no es aislado ni fortuito, afirman que desde el gobierno se opera para despojar a las personas de su patrimonio y proteger a personajes como al priista Álvaro Oviedo. También recuerdan que en ese inmueble, Oviedo organizó comidas y actos de campaña para el actual secretario de Gobierno, Francisco Olvera, y el exalcalde de Pachuca, Alberto Meléndez Apodaca.

Sostienen que su problema de propiedad no es ninguna casualidad. Un caso semejante padecen, por lo menos, 300 vecinos del fraccionamiento Bosques del Peñar, en Pachuca. Ahí, se señala como involucrado al notario público Número 8, Rubén Licona Rivemar, al INVIDAH  y al  Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Pachuca.

Las similitudes entre ambos conflictos de propiedad, el del mercado y el fraccionamiento, son numerosas. Los que tienen posesión, tanto de las casas como de los locales, podrían ser desalojados por instrucciones de un juez que ordenó la entrega de la propiedad a un tercero que ganó en un litigio mercantil originado por una deuda.

De ésto son ajenos locatarios y propietarios originales de las casas que poseen desde hace unos 10 años y de que existen documentos que les conceden la propiedad como escrituras e hipotecas, como ocurre en el caso de los derechohabientes de Infonavit y Fovissste.
Otra coincidencia más en ambos casos es que los procesos  judiciales se manejaron con total hermetismo, lo que permitió que quienes promovieron la demanda la ganaran, pues nadie tuvo la información para responder a las demandas.

Así, los supuestos acreedores ganaron de manera  pronta y expedita, mientras que los verdaderos propietarios de los inmuebles quedaron en indefensión. Ellos supieron del problema cuando el juez ya había ordenado los embargos y entregó la propiedad a terceros o dio el visto bueno para el remate. Así sucedió en el caso de Bosques del Peñar.
Otra de las semejanzas radica en que hasta el momento no hay culpables, aunque existan pruebas suficientes para localizar y llevar ante la ley a los responsables de los fraudes.


Amistades peligrosas 
José Guadalupe Gómez Mejía, la contraparte de los comerciantes involucrados en el fraude cometido por Álvaro Oviedo, considera que hubo en su contra delitos de abuso de poder y delincuencia organizada, en la que participaron funcionarios públicos del gobierno del estado.

Su abogada, Selene Flores Rendón, asegura  que su cliente ha sufrido aprehensiones ilegales, extorsiones y secuestros desde que conoció a Álvaro Oviedo Pacheco y a Abacú Manuel Hernández Rivera, funcionario de la Secretaria de Educación Pública (SEP).

Por esa razón, Gómez Mejía y su familia han sorteado las secuelas psicológicas que les ha dejado el enclaustramiento en el que viven desde mediados del 2004. Ese encierro obedece al temor de ser plagiados o extorsionados e, incluso, para evitar que se cumplan  amenazas de muerte que han recibido, presuntamente, de Oviedo Pacheco, Abacú Manuel Hernández Rivera y Miguel Ángel Ricardi Tovar, explica la defensora.

En respaldo a su dicho, Flores Rendón entregó a Contralínea copias de documentos, entre ellos tres desplegados que se publicaron en el diario Ovaciones  los días 20  y 27 de mayo y del 5 de junio de este año. Se trata de denuncias públicas de su caso, dirigidos al presidente Felipe Calderón, al gobernador del estado, al Congreso de la Unión y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Explica que existen “cuando menos 20 averiguaciones previas” ante la Procuraduría General de Justicia del estado, en contra Álvaro Oviedo - la parte visible de este fraude- y que no han prosperado. Otras más, ya consignadas por el juzgado penal, libraron a Oviedo de castigo alguno.

La tragedia de José Guadalupe inició cuando conoció a Álvaro Oviedo en 2004 y culminó el año pasado, cuando decidió denunciar ante la Subprocuraduría de de Investigaciones Especiales en Delincuencia Organizada (SIEDO) las extorsiones de que fue víctima.
La SIEDO institución investiga estos hechos, al igual que a  Álvaro Pacheco, Martín Armenta España y Abacú Manuel Hernández Rivera, quien labora en la SEP y, supuestamente, defraudó a José Guadalupe con la venta de concesiones de servicio público -hecho que quedó impune como se observa en la averiguación previa 12/SPM/2004-. La defensora declara que su cliente “tuvo que desistirse, debido a las amenazas de supuestos judiciales”.


¿Contubernio?
Selene Flores Rendón se muestra visiblemente frustrada. A un año lograr que el juez ordenara la posesión de los 39 locales a favor de su cliente Guadalupe López Mejía, la instrucción no se ha ejecutado por la resistencia de los comerciantes y el desacato de la orden del juez bajo pretextos.

He aquí el recuento de algunas irregularidades: el 12 de marzo pasado, fecha de una diligencia no acudió la actuaria Leticia Sandoval Álvarez; el 17 de abril tampoco se celebró “para no opacar el informe de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia”, se les explicó. El 15 de mayo, la Dirección de Seguridad Pública Estatal apenas facilitó a 2 policías para el operativo de desalojo de los locales y resultaban insuficientes ante la resistencia de cuando menos cien personas armadas con palos y piedras.

Finalmente, en la ampliación del embargo para garantizar el adeudo, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Pachuca hubo tráfico de influencias, abuso de autoridad y violación al reglamento interno de la institución, “para evitar que cumpliéramos con la orden de registrar el embargo ante esta dependencia”, describe Selene Flores.

Agrega que apareció otro embargo sobre los mismos locales que figuraban como ya embargados en el expediente de su cliente. La abogada sostiene que se violó el artículo 67 del reglamento interno de esta institución porque se le extendieron los formatos de pago y se les permitió pagar dos meses después, cuando la norma estipula sólo 10 días para ese trámite. Por esa razón, debió negárseles el derecho a la inscripción, en cambio, resultaron favorecidos “y nuestro caso quedó en segundo lugar”.

Más adelante se presentó Salvador Francio Assad, en su carácter de apoderado legal del INVIDAH, a exhibir dictámenes de los bienes embargados. De esa manera dejó en claro la relación entre algunos funcionarios del gobierno y Álvaro Oviedo “para perjudicar a mi cliente”, señala la entrevistada.

Otra irregularidad que perjudicó el derecho de Guadalupe Gómez, según su defensora, sucedió el 12 de diciembre de 2006. “Ese día mi cliente asistió a los locales de su propiedad y fue detenido arbitrariamente – sin orden de aprehensión - por dos policías municipales acompañados de otras personas por órdenes de Álvaro Oviedo, Martín Armenta y María Asunción Torres, y fue remitido a la barandilla municipal”.

Una vez en ese lugar, el agente del ministerio público, Héctor Alfaro Rodríguez, lo privó de su libertad por tres días en los separos de la Policía Ministerial. Más tarde se demostró que no cometió ningún delito al ser liberado por la justicia federal; posteriormente, la Subprocuraduría del estado determinó archivar definitivamente la averiguación previa 12/SPM/1698/2006.

La representante legal de Gómez Mejía argumenta que la ley se manipula y las instituciones han perjudicado a su cliente. La venta fraudulenta de locales, la estafa con concesiones de transporte, extorsiones, secuestro y despojo de un terreno urbano de cuatro hectáreas, ocurrió a la vista de funcionarios como el magistrado Valentín Echeverría Almanza - quien afirma que posee un local en el mercado y  manejó un juicio a favor de Manuel Hernández.

Por su parte, los locatarios tienen la certeza de que atrás de este conflicto existe una mafia. Refieren que los opositores a desalojar reciben amenazas telefónicas y que ha habido intentos de homicidio.

“No podemos asegurar quién atentó contra mi hija, tampoco si está metido el secretario de gobierno Francisco Olvera Ruiz, como se dice, pero no tenemos duda de que vivimos en una lamentable inseguridad jurídica y que detrás de todo esto hay una mafia bien organizada que pretende despojarnos de nuestro patrimonio familiar.”


Salida negociada: Segob
Como una propuesta de solución al conflicto legal y social en torno al mercado Las Fuentes, el gobierno busca una salida negociada, informó el responsable de preservar la paz social en el estado, Francisco Olvera Ruiz.

El mensaje tuvo lugar cuando el conflicto llegó a su momento más álgido luego del enfrentamiento ocurrido el pasado 17 de julio, en el que al menos dos comerciantes resultaron heridos. El secretario de Gobierno anunció que se armó “un paquete de propuestas, para ver si las partes entran en un arreglo o negociación”.

Sin embargo, el funcionario reconoció que debe negociarse con Álvaro Oviedo, quien originó la deuda por la cual se generó el embargo y quien ha hecho caso omiso a este llamado. Se presiona a través de la Promotora de Vivienda de Hidalgo (antes INVIDAH), para que llegue a un acuerdo con Joel Maldonado, ahora propietario de los derechos.

De la misma forma, Olvera negó que el gobierno del estado apadrine a alguna de las partes, ya que “finalmente es un asunto de carácter estrictamente judicial que es el único escenario en donde se esta litigando”. Afirmó que no tiene mayor injerencia en el asunto. “La única relación que  indirectamente tuve, es que algunos locales cuando los vendía y autorizaban la escrituración para algunos de los tramites Álvaro Oviedo solicitaba a la correduría -de la que soy titular-.


Resistencia al despojo
Los conflictos derivados del despojo de tierras a través de engaños, recursos legaloides y violencia, ocurridos en los  gobiernos de Jesús Murillo Karam y Manuel Ángel Núñez Soto, parecen insolubles. Así lo demuestra la resistencia social que aumenta en el centro y sur de la zona metropolitana de Pachuca.

Estas arbitrariedades que han salido a la luz se traducen cotidianamente en el abuso y malos manejos que se atribuyen al poder que durante 15 años ha detentado la “familia priista” sobre las tierras propiedad del estado y de particulares. El grupo en el poder hace uso de ellas argumentando que son de utilidad pública y para beneficio de los hidalguenses.
En ese contexto han surgido los conflictos del mercado Las Fuentes, de los fraccionamientos Bosques del Peñar y Colinas de Plata. También surgen tragedias como las inundaciones que sufren los habitantes de colonias del sur de Pachuca construidos en zonas de riesgo, como Pitayas y Los Tuzos, así como el crecimiento anárquico de Mineral de la Reforma, considerado como el municipio de mayor crecimiento en América Latina.
Y ¿qué decir de la inconformidad de los ejidatarios de Venta Prieta? donde se edifica el exclusivo desarrollo inmobiliario Zona Plateada, así como la resistencia al despojo de ejidatarios y propietarios de tierras en Villa de Tezontepec, Tolcayuca, Tizayuca, Zempoala y Zapotlán, para que se construya el proyecto PLATAH, que girará en torno a un aeropuerto, y cuyas características están aun por definirse.

El acaparamiento de tierras inició en 1993, prácticamente desde el inicio del gobierno de Jesús Murillo Karam, ahora senador de la República y secretario general del PRI. Se le atribuye el uso de información privilegiada en su poder, como la del Proyecto del Aeropuerto Alterno al de la Ciudad de México - ya concluido - y que se realizaría en el municipio de Villas de Tezontepec, al sur de Pachuca, que se frustró por la ambición de Murillo.

Este proyecto se operó desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas (Seducop), a cargo de Aurelio Marín Huazo, quien posteriormente fue Vocal Ejecutivo del INVIDAH, para continuar la obra que concluyó Horacio Ríos Cano, al frente de este organismo descentralizado ya en el gobierno de Núñez Soto.

Como ejemplo de esos malos manejos a favor de supuestos incondicionales del gobierno hidalguense es el predio en el que se edificó el mercado Las Fuentes, el cual fue donado por Aurelio Marín Huazo a una organización fantasma de comerciantes, presidida por el priista Álvaro Oviedo Pacheco, quien defraudó a más de 500 personas con la venta de los locales y áreas comunes.

Otro conflicto surgió por la disposición de las tierras gubernamentales. Tal es el caso de la Exhacienda de La Concepción, en provecho del Club Pachuca, así como de instituciones educativas privadas y hasta de constructoras. En ese predio se edificaron fraccionamientos bajo el argumento de que se construía infraestructura para los estudiantes de los centros educativos.

A este recuento de irregularidades se agregan las donaciones que hizo el gobierno de Nuñez Soto a la Promotora del Club Pachuca. Se trata de valiosos predios, propiedad de los ejidatarios de Venta Prieta en el exclusivo desarrollo inmobiliario Zona Plateada, y en los que se construyó el Tuzo Forum y el Hotel Graow Plaza.


Mentiras en Zapotlán
Para acaparar tierras en la región se utilizó la desinformación de los pobladores como estrategia, señala Rafael Salvador Vázquez Cruz, presidente del comisariado ejidal de Zapotlán de Juárez. Presuntamente, este es uno de los municipios que se beneficiará con el proyecto PLATAH (antes Proyecto Aeropuerto alterno al Benito Juárez de la Ciudad de México), que promueve el gobierno estatal desde hace 15 años.

“Esa fue la forma de hacerlo, con el manejo parcial y falaz de la información. Con medias verdades, hasta que al final los hechos fueron fehacientes y entendimos lo que pasaba”, dice Vázquez Cruz. El ejidatario pregunta: “¿Cómo se compraron las tierras del polígono que el gobierno adquirió?. El terreno que aquí les vamos a comprar, en lugar de pagárselos a dos pesos se los vamos a pagar a 15 pesos, dijeron”.

Así, a los ejidatarios que tenían entre cuatro y media y cinco hectáreas, el gobierno les ofreció 700 mil pesos por parcela, cuando el precio del terreno estaba en unos dos pesos por metro cuadrado. Explica, sin embargo, que nadie les explicó que sus terrenos aumentarían de valor por el uso al que se les destinaría.
“¿Cuándo se iban a imaginar que sus tierras iban a valer miles de dólares y que la gente que les compró en 70 y 80 mil pesos una parcela, ahora la vendan en no menos de 5 millones?”, señala.

Esa fue la forma en que presidentes municipales y funcionarios aprovecharon la información de que disponían para beneficiar a terceros, señalan los ejidatarios. Aseguran que los políticos utilizaron a su favor que “hace muchos años nuestras tierras dejaron de producir pues son de temporal y están sujetas a una serie de siniestros año con año. Por eso, lo más que la mayoría hacía era rentar su tierra y entre el pago de la renta y el pago del Procampo no tenía más de 10 mil pesos al año en cada ciclo agrícola”, refiereVázquez Cruz.

A los ejidatarios que se resistían a vender, se les insinuaba que si permanecían en la zona serían encarcelados y no recibirían ni un centavo por sus tierras. Esas amenazas veladas pesaron en el ánimo de las gentes, detalla Rafael Salvador Vázquez Cruz,  presidente del comisariado ejidal de Zapotlán.

El ejidatario analiza cómo se fraguó el despojo: “aprendimos a ver la realidad en distintos niveles: una, la que vivimos y la de los discursos. En los discursos escuchamos que nos integrarán en los nuevos proyectos,  que somos afortunados por estar en un lugar de relevancia por su importancia orográfica y por su situación estratégica. Esto despierta expectativas en la gente.

Pero luego vemos circunstancias que demuestran que se camina en sentido contrario, por ejemplo, la Ley de Asentamientos Humanos que surgió en septiembre del año pasado, y que al analizarla con gente profesional vemos que esto de la integración no es más que una falacia. La ley no plantea precisamente integrarnos, más bien la vemos como una posibilidad de despojo”.

Esta situación, comenta, ya no los espanta porque saben que el interés de quienes intentan convencerlos de vender sus tierras es hacer negocio. “No son gente altruista que se preocupe por la situación económica que hemos vivido históricamente. No son samaritanos, sino que hay una cercanía entre el poder económico y el poder político y buscan desarrollar sus proyectos con la mayor posibilidad de utilidades que puedan tener”.

 

Publicado: Año 3 / Agosto 2008 / No. 33



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