Sin embargo, luego de ser testigo involuntario de la detención de un abogado de esta ciudad, acusado de sospechosismo (porque su conducta le pareció sospechosa a un policía municipal), y de que previo pago de la multa logró ser liberado, simplemente ya no pude dudar: prevalece la conducta arbitraria.
Al abogado, –o diríamos, a los abogados, pues otro más llego en auxilio de su colega –, de nada le valió argumentar ante el policía su razón; tampoco citar textualmente algunos artículos del Reglamento de Tránsito Municipal e, incluso, algunos artículos de la Carta Magna. Los agentes de la fuerza pública lo retuvieron y sostuvieron su dicho: era sospechoso.
La detención arbitraria y su presunta causa representan un ejemplo vívido de violación a los derechos humanos y a las garantías individuales de los pachuqueños, como el libre tránsito, entre otros.
Este hecho ilustra lo que ya es una práctica común en la capital hidalguense y lo más grave es que quienes realizan estos actos quedan impunes, pues sus superiores jerárquicos hacen caso omiso a esas denuncias de las que, sin duda, debe estar enterado el alcalde de la ciudad, Omar Fayad Meneses.
En esa dinámica de medidas arbitrarias contra los derechos ciudadanos, se inserta en el entorno de la puesta en marcha del llamado Programa Radar, que el Tribunal Fiscal Administrativo calificó como anticonstitucional.
Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos consideró que el uso de radares y el envío de infracciones a los domicilios de los propietarios de los automóviles, constituye una violación a las garantías individuales. Pese a esos pronunciamientos, el radar continúa sorprendiendo desde sus escondites a los ciudadanos.
Este escenario se agrava si observa el silencio cómplice de distintas instancias de gobierno, como el Congreso del estado, ante los abusos de poder y las flagrantes violaciones a la ley. Si la prioridad del Congreso es representar y velar por los intereses de los ciudadanos, su quehacer no se cumple a cabalidad en el caso de Hidalgo. Si estamos equivocados, queremos entonces conocer cuál es el sustento legal que utilizará el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del estado para limpiar – si no me equivoco esa sería la expresión de asear lo que está sucio – los recursos que el Ayuntamiento de Pachuca recabe por las multas del programa Radar.
Esto viene a colación porque si todavía es vigente la célebre frase que reza: “La autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite”, cuando menos en una primera etapa, el producto de esas infracciones fueron ilegales, ya que este programa no estaba contemplado en ninguna ley ni reglamento. Además, los ciudadanos tienen derecho a conocer a los funcionarios responsables de violar la normatividad cuando se autorizó la entrada en vigor de un programa recaudatorio que no contempla la ley. Esto se llama irregularidad administrativa.
Aún más. Si el Tribunal Fiscal Administrativo ya resolvió que este programa es anticonstitucional, en consecuencia suponemos que alguien violó la norma y con ello, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Así pues, se debe sancionar y separar de su cargo a quien hubiere actuado contra la ley, como no ha ocurrido así, podríamos decir que el delito sigue impune.
La lista de irregularidades y vicios que rodean al Programa Radar es grande, bastan estos ejemplos: no se licitó, un particular recibió de la autoridad local el padrón del registro vehicular con fines de lucro –que además, tiene información personal que es susceptible de ser mal empleado – y, además, las multas se cobran sin que el Cabildo las autorizara y no están contempladas en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento, lo que significa que el Congreso no intervino.
Entonces, de conformidad con el estado de derecho vigente, quien viola la norma es sancionado. Así como los ciudadanos pagan multa por no respetar los límites de velocidad o las señales de tránsito, el mismo criterio aplica para quienes como responsables de hacer cumplir la Ley, la infringen.
De no practicar con el ejemplo, parecería que en Pachuca el “estado de derecho” tiene dos medidas: uno para la ciudadanía y otro para quienes detentan el poder.
Publicado: Año 2 / Octubre 2007 / No. 23
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