Los juzgados civiles de la entidad han recibido un elevado número de denuncias judiciales interpuestas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en contra de trabajadores hidalguenses que no han podido pagar su crédito, lo cual significa un grave problema social de pronóstico reservado, advierte el líder del barzón en la entidad, Antonio Salim Saldivar.
Pero también revelaría un escenario de mentiras y verdades a medias que el director del Instituto, Víctor Manuel Borras Septién, expresó en su comparecencia ante los legisladores que integran las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social y Vivienda de la Cámara de Diputados, celebrada el pasado 9 de agosto.
Para el funcionario federal, según el discurso que pronunció en su comparecencia, los trabajadores cuentan con una institución que administra el millonario fondo de los trabajadores (que consta de medio billón de pesos 513 mil millones en cartera y 90 mil millones en sus reservas), y que es para su beneficio.
Además, el funcionario explicó que el Infonavit “se preocupa por buscar mecanismos novedosos para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda digna, como lo ordena la Constitución Política”, en aquella ocasión. Sin embargo, esa afirmación no corresponde a lo que opinan los trabajadores, organizaciones sociales ni los abogados.
Estos profesionistas han sido contratados por los afiliados al Infonavit para que los defienda de las acciones que ese instituto ha emprendido en su contra, es decir, para recuperar la cartera vencida.
También algunos diputados federales sostienen la opinión de que esa institución se ha puesto al servicio de bancos, empresas constructoras y abogados sin escrúpulos.
¿No hay abogados?
De acuerdo con los dartos de la cartera vencida que expresó en su informe Borras Septién ante los legisladores, uno de los objetivos que se ha impuesto el instituto es ofrecer alternativas a los trabajadores que enfrentan problemas de pago.
“Un postulado que tenemos y que guía toda la cobranza social es que todos los acreditados con independencia de su situación sarán atendidos por el Instituto. Garantizamos que cualquier problema que pueda tener el trabajador lo vamos a atender y siempre le vamos a ofrecer una solución”, explicó Manuel Borras Septién.
Admitió que “en la mayoría de los casos de no pago hay una causa real, no ficticia; no hay un deseo de no pago, simplemente hay una eventualidad económica por la que atraviesan las familias y necesitamos apoyarlos para que puedan cubrir su crédito”.
Agregó que existen causas que imposibilitan a un trabajador al pago de su crédito, como el desempleo, la disminución de ingresos, una enfermedad del acreditado o de algún familiar.
Hizo hincapié en que el Infonavit no exige el pago de adeudos a través de una red de cobranza, sino que, subrayó, “lo hacemos a través de personas independientes, normalmente amas de casa que llamamos promotoras de solución, quienes acuden a la casa de los derechohabientes a ofrecerles una solución”, e insistió que no son abogados de cobranza.
Sin embargo, tan sólo en la ciudad de Pachuca operan por lo menos tres despachos de abogados que de forma inquisitoria exigen el pago a los trabajadores. Se les obliga a firmar convenios de pago que, en lugar de solucionar el problema, lo agravan y convierten prácticamente en impagable el crédito, aseguró el dirigente de los deudores en la entidad.
Contralínea-Hidalgo, constató que en los Libros de Gobierno del 2007, que obran en los juzgados Tercero, Cuarto y Sexto de lo civil, con domicilio en la ciudad de Pachuca, han ingresado más de 200 demandas en cada uno. Las demandas interpuestas por el Infonavit, a través de sus despachos de abogados, se incrementaron considerablemente en este año.
En torno a la labor de los abogados que se ocupan de la cobranza de adeudos a favor del instituto, Antonio Salim Saldivar citó el ejemplo de un trabajador, entre los cientos que ya acuden a esa organización de deudores en busca de ayuda, a quien “iban a desalojar de su casa sin que existiera orden judicial de por medio; simplemente, de manera facciosa como actúan los abogados externos del Infonavit en la entidad”, aseguró.
Adjudicaciones injustas
El dirigente de los trabajadores deudores y algunos abogados, coincidieron en que los despachos externos contratados por el Infonavit en la entidad, no pretenden solucionar el problema del trabajador para que tenga opción a cumplir con su compromiso con la institución.
Un abogado defensor de los trabajadores explicó que uno de sus clientes consiguió a última hora, minutos antes de la adjudicación de la vivienda, recursos para salvar su casa e intentó adjudicársela él mismo al pagar la deuda. Reseña el litigante que, “una vez en los juzgados, solicité al abogado demandante pagarle la deuda, y pedí cinco minutos de prórroga para que llegara mi cliente con el dinero”.
Sin embargo, para sorpresa del abogado defensor, el abogado de la parte acusadora –el Infonavit- negó esa solicitud al advertir que se iba a hacer la adjudicación. En consecuencia, el trabajador no perdió su casa sólo porque al revisar el expediente se encontró un grave error (se invirtió el número de expediente). “Esto impidió que el abogado de la institución despojara de su vivienda a esta familia”, de lo contrario habría perdido el caso.
Otro ejemplo es el Rosario Ramírez, quien solicitó a la delegada del Infonavit en la entidad, Guadalupe Juárez Moreno, que la atendiera. Su problema radicaba en que el despacho de cobranza que compró su crédito, la Sociedad Cooperativa para la Resolución de Activos y Propiedades (SCRAP), le exige el pago de un enganche de 70 mil pesos y varias mensualidades de 6 mil 500 pesos. Ella no puede sufragar tal cantidad en virtud de que carece de un empleo bien remunerado, que es también la razón de su falta de pago.
Ante esa problema, Juárez Moreno argumentó que la Sociedad Cooperativa es la dueña de su adeudo, lo cual contraviene el informe del director del Infonavit ante los legisladores federales cuando aseguró: “Se seguirá atendiendo a todos los trabajadores que hayan adquirido un crédito con Infonavit, independientemente que se haya vendido su crédito”.
Otro obstáculo que enfrentan los trabajadores para regularizar su situación crediticia es que los despachos de abogados externos cobran entre mil 500 y cinco mil pesos por firmar un convenio de pago, como atestiguó el abogado Edmundo Flores. Salim Saldivar afirma que a ello se agrega el hecho de que la delegación hidalguense del Infonavit quiere cobrar a los trabajadores, vía abogados externos, los pagos que no reportan las empresas a esa dependencia.
Así ha ocurrido en Tulancingo y Ciudad Sahagún, pues ahí hubo empresas que funcionaron durante dos o tres años que nunca reportaron sus pagos a la institución, ya fuera por una deficiente fiscalización de la delegación o por complicidad con los empresarios. De esa situación, consideran los afiliados al Infonavit, “no es justo que ahora paguemos los platos rotos”.
Estos testimonios a los que se suma la creciente cifra de expedientes abiertos por adeudo –que, afirman los abogados de los trabajadores, llegan por cajas a los juzgados civiles –, hacen suponer que se pretende es desalojar a miles de familias hidalguenses de sus viviendas. Ese objetivo perseguiría que alguien más logre adjudicárselas a precios irrisorios y posteriormente las venda a precio de mercado.
Proceso ilegal
Los barzonistas estiman que los procedimientos que se ventilan en los juzgados de la entidad son ilegales. En principio, porque todos los convenios que se han firmado con el instituto se hacen a través de presiones de los despachos de abogados. Para los defensores de los trabajadores, ese es un argumento que el juez debe considerar para suponer que no hay una voluntad expresa, que es un requisito principal para que los convenios surtan efecto y tengan validez.
También debe atenderse el hecho de que los abogados que representan al Infonavit no acreditan fehacientemente su personalidad jurídica ante el juez.
Enfatizan los barzonistas: “Para ello, los despachos externos deben cumplir con la cronología y la secuencia que data desde 1972, con facultades que ha otorgado el Consejo de Administración a los funcionarios públicos al servicio del Instituto”.
No obstante, agregan, el juez omite hacer ese análisis por obligación, y sólo lo hace cuando así se le solicita expresamente. “Y aún así echan abajo los incidentes, y toda promoción que haga el trabajador tendiente a pedir el análisis de la personalidad”, explican.
Dicen que la situación más grave ocurre “cuando el Tribunal Superior de Justicia de la entidad incurre en falta porque considera que son competentes para conocer este tipo de asuntos, cuandop su competencia está delimitada a la materia agraria y de cuantía”. De acuerdo con el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política, la fuente de los créditos es un derecho de seguridad social en materia laboral.
Agrega el líder de los deudores que todos los contratos y convenios que celebre el Infonavit en relación a la cuantía, están calculados por determinadas veces el salario mínimo, que en suma, es un sustento fundamentado en la Ley Federal del Trabajo. También porque la Comisión de Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) determina la competencia entre las autoridades laborales y civiles.
En el ámbito civil, le da competencia al Índice Nacional de Precios al Consumidor (CNSM), y por tanto, le aparta de conocer a los tribunales civiles del fuero común. La competencia se delimita por cuantía o territorio y como el Infonavit es una entidad federal, se rige por leyes federales y emite recursos federales conforme a tazas federales que ejecuta en juicios locales, describen los deudores agremiados.
“Hemos visto que es un caso federal y aterriza en un juzgado común; eso no es coherente. Es materia civil, pero no local; de tal suerte que al no cumplirse dos de los cuatro requisitos: materia, grado, cuantía y territorio, un juez del fuero común del estado de Hidalgo no es competente para conocer de este tipo de asuntos”, expresan.
Además, si no se sigue el procedimiento puede venir un proceso constitucional en materia de amparo que eche para abajo lo que actuó el juez incompetente, como dice la ley y tendrá que reponerse el procedimiento hasta determinar la competencia.
Rosario de errores
El Infonavit incurrió en errores jurídicos al vender su cartera vencida, pues con esa venta perdió su esencia social, explican los entrevistados. “Para ser claro, antes de la venta hay un ente público con un privado, es decir trabajador e Infonavit y desde el momento que se vende a un particular, la relación ya es de particular a particular y se pierde la naturaleza de derecho social”, explican los abogados.
En síntesis, la Ley del Infonavit y el artículo 123 constitucional garantizan a los trabajadores la naturaleza social del trato. Cuando se otorga un crédito al trabajador, se trata de un beneficio social obtenido por las luchas sociales; cuando se vende la cartera vencida, el Estado y el gobierno – que tienen obligación de dar beneficios a los trabajadores – se deshacen de esa obligación, de esa responsabilidad. Vende –es decir, merca – con un beneficio social que deja la relación entre deudor y acreedor en situación de derecho privado y no de derecho social.
El trasfondo de esa evolución es que ya no hay un trato de igualdad a los desiguales. Así, mientras un despacho tenga oportunidad de comprar una cartera de miles de millones de pesos, el trabajador no puede pagar ni una mensualidad de la casa que le costó no más de 200 mil pesos. El origen de ese problema, detallan, radica en la entrega de créditos irregulares.
“El Infonavit autoriza el pago de créditos que no tienen ni sustento, ni certeza de ser pagados; ese es un problema estructural que se parece a lo que ocurrió con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y el Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB)”. El Fobraproa se creó como consecuencia de la colocación de deuda irregular por los bancos que no contemplaron los costos suficientes para garantizar el completo ejercicio de ese crédito.
Es decir, no se consideraron ni el préstamo, ni la financiación, ni los intereses. Al estallar el problema, el gobierno federal tuvo que rescatar a los bancos. En el caso del Infonavit ocurre algo similar, colocó créditos sin la suficiente garantía y, en otras palabras, “están tirando el dinero porque no otorgan el crédito a un trabajador con más antigüedad o que sea serio, porque esos aspectos no califican para tener más certidumbre y garantía del crédito, sino que lo que se valora es el volumen”, estimaron los barzonistas.
De acuerdo con Antonio Salim, en Hidalgo unas mil 800 casas están en proceso de remate en los seis juzgados de la entidad, y al menos el 50 por ciento de los beneficiarios que tienen algún crédito de vivienda, están en cartera vencida debido a la falta de salarios que les permitan sufragar ese adeudo.
Este es el común de los casos de cartera vencida en la entidad, subrayó y agregó que “los productos” a los que aludió el director del Infonavit, no son acordes con la realidad del país ni con la situación económica de los trabajadores hidalguenses.
Por ejemplo, señaló, en la entidad uno de los trabajadores mejor pagados gana 200 pesos diarios y “tarde o temprano caerá en cartera vencida”. Esto obedece a que su adeudo con el instituto es, al menos, de 340 pesos semanales. Esa renta le impide pagar los estudios de sus hijos o enfrentar gastos de salud o vestido con un salario de mil 400 pesos mensuales, equivalentes a cuatro salarios mínimos. Esos son rubros mínimos para llevar una vida digna y a menudo, le son inalcanzables.
Los grandes beneficiarios del fondo, propiedad de los trabajadores, son los despachos extranjeros, como SCRAP, así como las empresas constructoras, los despachos de abogados y, al final de la cadena, los banqueros. Mientras tanto, los trabajadores se convierten en delincuentes a quienes se señala de poner en riesgo el negocio de unos cuantos.
Salim advirtió que por esta razón, su organización seguirá realizando acciones en defensa de los trabajadores afiliados al Infonavit, para evitar que abogados sin escrúpulos los desalojen de sus casas. Así ocurrió recientemente, cuando se cerraron los juzgados debido a que en el Juzgado Quinto se llevaría a cabo el remate de la vivienda de Felipe González Martínez.
Publicado: Año 2 / Octubre 2007 / No. 23
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