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HIDALGO  

Sodoma y Gomorra, el proyecto de Omar Fayad

César Peña Sánchez
La propuesta del presidente municipal de Pachuca de construir una nueva zona roja administrada por un fideicomiso que evite la corrupción, ya desató un enorme revuelo y polémica, amén de las más variadas críticas que señalan que ese proyecto significaría formalizar las mafias y concederles un status legal; generaría un panorama nocivo de explotación sexual, lenocinio, la trata de mujeres, provocaría el consumo de bebidas adulteradas y el incremento en la violencia, y más, frente a la incapacidad del edil de generar fuentes de empleo formales.

 

 

 


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Sin tener en claro cómo hacerlo, los ocho alcaldes de la zona metropolitana de Pachuca se dieron a la tarea de regular el sexo servicio. La expansión de esta actividad, que llega a los municipios aledaños a la capital hidalguense, ha generado alarma entre los ciudadanos.

Desde el 3 de septiembre, cuando por primera ocasión abordaron el tema los alcaldes de Pachuca, Epazoyucan, Mineral de la Reforma, Zempoala, San Agustín Tlaxiaca, Mineral del Chico, Real del Monte y Zapotlán, se vislumbró la colaboración de todos ellos con el objetivo de definir un lugar en donde se ejerza esa práctica y reducir o contribuir a resolver el comercio sexual en la región.

En esa reunión de trabajo del Consejo Metropolitano de Alcaldes, celebrada en Epazoyucan, se planteó que el ritmo de crecimiento de esa actividad es de una intensidad semejante a la de los centros urbanos y el comercio. Por esa razón, se estimó que para lograr que esa zona de tolerancia funcione mejor debe constituirse un fideicomiso que transparente su manejo. Ante la consideración de los asistentes se determinó que los tres municipios más viables para construir la zona de tolerancia son: Mineral de la Reforma, Pachuca y Zempoala.

Así lo avalaron los alcaldes, Miguel Ángel Montiel Ibarra de Epazoyucan, Alejandro Islas Pérez de Mineral de la Reforma, Rafael Amador Montiel de Mineral del Monte, Virginia Mejía Briseño de Mineral del Chico, Vicente Suárez Hernández de Zempoala, Fernando Pérez Cerón de Zapotlán y Ernesto Vera Pérez, representante de Mauro López Pacheco, alcalde de San Agustín Tlaxiaca y Omar Fayad Meneses, presidente municipal de Pachuca.

Sin embargo, esa decisión no tuvo el respaldo de sus Asambleas Municipales y eso complicará el desarrollo del proyecto. En este proceso pesaba el recuerdo de la clausura, en 1983, de una zona semejante en la colonia la Surtidora de la capital hidalguense. Tan pronto como surgió la nueva propuesta, los regidores de distintos partidos en todos los municipios señalados como probables para albergar a esta zona de tolerancia levantaron la voz para pronunciarse a favor del proyecto.

No obstante, todos coincidieron en hacer énfasis en que esa zona sí debía construirse pero fuera de su terruño. Todos prefieren otros tipos de giros y ninguno quiere enfrentar los innumerables problemas que les acarrearía este sitio en sus localidades.

Mineral, sede del emporio

Cuna del sexo servicio hidalguense, Mineral de la Reforma es un municipio contiguo a Pachuca. En sus límites está  el famoso “corredor de las caricias”, un espacio situado sobre la carretera Pachuca en el que se alojan una decena de giros (tabledance, cabarets y bares) en los que cada fin de semana se dan cita, sobre todo, hombres de negocios y la clase pudiente de la entidad.

Mariano Torres L´Estrade es regidor por el Partido del Trabajo de este municipio, también conocido como Pachuquilla. Esa localidad pasó en corto tiempo a tener una población de 103 mil habitantes, a 155 mil, tras el proceso de redefinición de límites con Pachuca. Con respecto a la problemática del sexo servicio, Torres señala que le parece una buena idea la construcción de una zona de tolerancia, aunque rechaza que se ubique en su localidad. “Definitivamente no puede estar en estos límites”, señala, ya que aquí llegan las sexo servidoras de la colonia 11 de Julio de Pachuca.

El proyecto de avanzada que Torres planeó para resolver el problema de su municipio se viene abajo con la zona de tolerancia que se planeó para la Zona Metropolitana. El regidor no desea que a su municipio se le continúe considerando como un destino para practicar el turismo sexual. Lamenta que, en su búsqueda por apoyos económicos para promover otras fuentes turísticas, el gobierno y la secretaría del ramo simplemente le han dado la espalda.

En el mismo esquema del “mejor aquí no”, el regidor perredista Carlos Garrido se suma a la opinión de la mayoría de sus compañeros asambleístas y rechaza que este proyecto se instale en los alrededores de la bella airosa. Insiste Garrido que en su municipio no existe más el problema del sexo servicio.

Por esa razón, una zona de tolerancia sería más adecuada para municipios que tengan “vocación natural”, como Mineral de la Reforma. Sin embargo, admitió que el problema requiere de una solución urgente, como regular el comercio sexual, por lo que sugirió que si el proyecto llega a ejecutarse debe mantenerse un control total de su operación y funcionamiento.

Esa medida estaría destinada a evitar la trata de personas, la explotación, falta de medidas sanitarias y la introducción de drogas que distorsionen el objetivo original de ese proyecto.

Por el negocio

Desde 1984, cuando se cerró la zona de tolerancia del barrio de La Surtidora, y hasta la fecha, un grupo de empresarios impulsa la creación de una nueva zona que contribuya a solucionar el incremento en la oferta de sexo servicio que en los últimos años se ha agudizado y constituye un problema para el gobierno de Pachuca.

Desde entonces, el empresario Jorge Ramírez Rodríguez, dueño legal de la Inmobiliaria y Constructora Grupo Hidalgo, S.A. de C.V., ha solicitado a los gobiernos de Pachuca, el aval para dar marcha a este proyecto. La nueva zona de tolerancia se realizaría en el Ejido de Santa Julia, entre Tlapacoya y El Huixmi, como preveía el plan que se hizo público el 24 de febrero de 1984.

Fue entonces cuando el gobierno local resolvió ceder los derechos del predio para este fin a favor de la Inmobiliaria, que operaría este lugar por espacio de 30 años. Se trata de una superficie de seis mil metros cuadrados, en donde se proyecta construir una calle principal, cuatro andadores, 16 calles interiores, 240 accesorias y 56 locales comerciales. En ese espacio se ubicarían, además, tres cabarets, una discoteca, un cine-teatro porno, un jardín cervecero y un motel.

El ambicioso proyecto incluye espacios y servicios adicionales como: una guardería, una caseta de inspección sanitaria, otra de vigilancia, una zona administrativa, plaza principal, áreas verdes, estacionamientos públicos, pasillos perimetrales, área de mantenimiento, cisterna, un cuarto de máquinas, una zona de acceso y una salida principal.

Sin embargo, este complejo para sexo servicio ha sido sistemáticamente desechado por los gobiernos de Pachuca. Ningún gobernante local ha podido resistir el apremio que proviene de la sociedad en general ni la presión de grupos a favor de establecer el proyecto.

Nuevamente, el 8 de abril del 2003 se presentó el proyecto de la zona de tolerancia al entonces alcalde, Alberto Meléndez Apodaca. Pese a las presiones de los empresarios por reabrir ese tipo de zonas, decidió enviarlo al olvido. De nueva cuenta, se le presentó al panista José Antonio Tellería, quien como Meléndez, prometió dar una respuesta que nunca llegó, sus administraciones no tuvieron una alternativa para ese problema social.

“Conocemos el proyecto, es interesante pero se requiere una gran inversión y, al mismo tiempo, garantizar una gran ganancia”, expresó Carlos Garrido. Este regidor estimó que, de concretarse la propuesta, la inversión debe proceder de la iniciativa privada y no del gobierno, quien sólo daría el aval para su construcción y supervisión.

Entre tanto, en Mineral de la Reforma, se señala como operadores y beneficiarios del comercio carnal a altos funcionarios, ya sea como propietarios de prostíbulos o de cabarets. En ese sentido, Rafael Contreras Peña, regidor de Zempoala y uno de los más acérrimos opositores a una zona de tolerancia, lanza una crítica contundente: “cómo querer quitar este negocio, si los beneficiarios están en el mismo gobierno”. Por no confiar en la transparencia del proceso, Contreras le exige al alcalde de su municipio retirarse de la discusión en el seno del Consejo Metropolitano.

Voces en contra

Téllez es otra comunidad de Zempoala que colinda con Pachuca. Ahí existen varios lugares en los que se practica la prostitución, giros como el “Triángulo de las Ranas” y el bar “Ensenada”, en las colonias El Mirador y Lindavista. “Mi oposición es porque sólo generan vicio”, explicó Contreras.

Exasesor del desaparecido alcalde de este lugar, Gelasio Ramírez Roldán, indicó que tenía a su cargo la encomienda de invitar a los sexo servidores que trabajan en el territorio para que asistieran a las pláticas de salud que impartía la secretaría del ramo. “¡Jamás vinieron!”, señala consternado el entrevistado.

Estima que solicitar servicios sexuales “representa gastos de dinero para la clase trabajadora, de recursos que no tienen y que repercuten en sus hogares, además de enfermedades de transmisión sexual”.

Y sentencia: “La zona de toleranica en cualquier lugar, menos aquí”. Agrega que, en ese sentido, el alcalde tiene la obligación de retirarse de estas pláticas, que no llegarán a nada, porque aseguró que será el primero en “echar bronca”.

En igual sentido se pronunció Teresa Samperio León, expresidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Pachuca. Ella observa un panorama nocivo si se crea en la región una zona de tolerancia; entre los problemas que señaló, figuran la explotación sexual, lenocinio y trata de mujeres.

Por esa razón, la militante rechaza cualquier proyecto similar. Al mismo tiempo, criticó duramente al edil capitalino, Omar Fayad Meneses, por  pretender “enviciar a la capital”. La perredista deploró el intento de instalar una zona de tolerancia en Pachuca y manifestó: “Si quiere, que lo ponga frente a su casa”.

Agregó que el gobierno de Pachuca debe llamar a una consulta ciudadana para decidir si se aprueba una medida de este tipo, “porque dio su aval sin el respaldo social. La apertura de una zona de tolerancia sería un bunker de vicio”.

Samperio consideró que, en este tema, “nos encontramos en manos de la frivolidad del espectáculo. Existe una lucha de parte de las autoridades municipales de Pachuca a favor del vicio porque ellos están como empresarios. Incluso, la presidencia municipal se ha convertido en una caja de recaudaciones que no ha servido para servicios y atención de las necesidades primordiales del municipio”.

En opinión de la expresidenta del PRD de Pachuca, una zona roja es un retroceso a los años setenta, cuando Hidalgo era conocido a nivel nacional por su aspecto negativo. Pachuca no era conocido por sus pastes, el reloj o las minas, sino por su zona de tolerancia, lo que es una gran vergüenza”. De aprobarse la zona de tolerancia, explicó, se legalizarán los giros negros, cuyos dividendos son para las autoridades que, a su vez, son copartícipes del negocio. “Sería formalizar las mafias y darles un status legal”, concluyó.

Prostitución de migrantes

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración, las siete rutas de tráfico de personas dedicadas al sexo servicio que cruzan el centro del país pasan por Hidalgo. Además, también es el paso irregular de los migrantes, desde donde parten a lugares como Querétaro. El 60 por ciento de las personas y hombres empleados en la prostitución que utilizan a Hidalgo como punto de paso provienen de centro y Suramérica, entre ellos, varios menores de edad.

Por ello, insistió la perredista, una zona de tolerancia implica el consumo de bebidas adulteradas y el incremento en la violencia. Si incluso han ocurrido homicidios en antros pequeños, ¿qué pasaría en una zona de tolerancia? –pregunta Samperio–, quien sentencia: “eso se prestaría para la explotación sexual, el lenocinio y la trata de blancas o de personas; además de constituir foco de infección y riesgo para la salud”.

Si la presidencia no ha sido capaz de regular los sitios establecidos, no podrá hacerlo con un monstruo del vicio, expresa Samperio, quien propone que el ayuntamiento realice un referéndum, un plebiscito o una encuesta para que la ciudadanía se pronuncie en torno a esa cuestión.

Esta representante política recordó que cuando existía la zona roja en el barrio capitalino de La Surtidora, la Iglesia y algunas asociaciones civiles aplicaron una encuesta para preguntarle a la gente si quería o no que siguiera este lugar. Eso ocurrió cuando se pretendía hacer una zona roja de lujo; finalmente, la cuestión se solucionó cuando se quitó ese lugar, en el año de 1983.

En su opinión, la presidencia de Pachuca, antes de decidir sobre un tema que puede provocar molestias en los ciudadanos, debía preguntar si la comunidad desea en su espacio un lugar como este. Samperio negó que con una zona de tolerancia como la que se proyecta exista un mejor control de las personas que se dedican a esta actividad.

“Para eso existe la Secretaría de Salud que exige su reglamentación a quien se dedica a esto, sin embargo, existe mucha corrupción que permite dejarlos sin mostrar su carnet de salud, por tanto, se constituye como un problema de seguridad social y de salud”, afirmó.

Al mismo tiempo, la entrevistada consideró que el estado no ha tenido capacidad para regular la oferta de sexo servicio que existe. “La nueva zona sería como un estado dentro de otro estado, sin leyes, creándose un estado de excepción donde todo se permite”, consideró.

Por otra parte, si los funcionarios y exfuncionarios obtienen dividendos de los locales y personas dedicadas a prestar servicios sexuales, se crearía otra figura que es la del influyentismo, un fenómeno que cotidianamente se observa, pues el estado de Hidalgo es el cuarto estado más corrupto del país, según aseguran diversos estudios.

Esa zona significaría “corrupción tras corrupción”, que para nada sería la solución, reiteró Samperio.

 

Publicado: Año 2 / Noviembre 2007 / No. 24



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