El artero atentado perpetrado en contra del secretario de Seguridad Pública estatal, Marcos Manuel Souverbille González, derrumbó el reiterativo discurso oficial en el sentido de que Hidalgo es una entidad segura. Con esas versiones se ha intentado minimizar el incremento de la violencia criminal registrada en los últimos años en el estado.
Antes del 19 de septiembre, fecha del asesinato de Manuel Souverbille, para el procurador de Justicia de la entidad, Alberto Rodríguez Calderón y para otras autoridades estatales, como el secretario de gobierno, Francisco Olvera Ruiz, e incluso para el extinto responsable de Seguridad Pública, Hidalgo era un estado seguro comparado con la ola de violencia que azota a las entidades del norte y sureste de México.
A pesar de que hasta entonces las ejecuciones de policías y expolicías hidalguenses ya se contabilizaban en por lo menos ocho –entre ellas una mujer–, se insistía en el gobierno en afirmar que Hidalgo era ajeno a las llamadas narco ejecuciones y a la expansión de la delincuencia organizada en este territorio.
De igual forma, aunque en el tiempo transcurrido de 2007, se habla de que prevalece la seguridad en la entidad, un diario local especializado en nota roja dio cuenta y seguimiento puntual a, por lo menos, 22 asesinatos violentos.
Tal vez forzados por los resultados obtenidos en los operativos que realizaron la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad Mixta para la Atención al Narcomenudeo (UMAN), hubo una tenue aceptación de que ciudades como Pachuca, Ciudad Sahagún, Tizayuca, Tula y Tulancingo, entre otras, están cubiertas por el cáncer social que representa el tráfico de drogas y cuyas víctimas principales son los jóvenes, además de que esa práctica incide en el aumento de la violencia e inseguridad social.
La ejecución de Souverbille puso en entredicho las tesis de las “muertes por motivos pasionales” y “los hechos aislados”. De la misma forma, puso en entredicho la idea de que la entidad se había convertido en un “tiradero de cadáveres”. Esas versiones, pretendían desviar la atención pública del gran problema que vive el país y la entidad: el incremento de la violencia criminal.
Sin pistas
Marcos Manuel Souverbille fue asesinado la tarde de 19 de septiembre en la carretera Pachuca-Huasca, a la altura del poblado de Ocotillos, cuando conducía su camioneta Sonora color blanco, placas de circulación HKN-7716, acompañado del empresario Mario Covarrubias Melo, dedicado al negocio de las telecomunicaciones. El empresario resultó herido de bala y, hasta el momento, se ignora su paradero.
A los pocos minutos de perpetrado el atentado, la noticia trascendió y creó una gran conmoción entre los distintos sectores de la sociedad hidalguense. Este efecto, se explica no sólo porque fue asesinado el responsable de la seguridad pública estatal sino también porque Marcos Souverbille tenía un don de gente natural, que lo caracterizó durante su gestión pública. Esa facultad le permitió ganar la estima de numerosas personas dentro y fuera de la esfera gubernamental.
Poco se conoce del avance de las indagatorias para esclarecer este crimen. Así ha ocurrido con la mayoría de los crímenes cometidos en la entidad en lo que va del año. De los pocos datos que ha difundido el propio procurador de justicia, se conoce que se encontró la camioneta en la que viajaban los supuestos sicarios en un paraje solitario, cerca de la comunidad de La Mesa, Puente de Doria, en el municipio de Huasca de Ocampo.
Se trata de una camioneta Trail Blazer blanca, placas de circulación sobrepuestas número HL J 3639 del estado de Hidalgo. Además, se dio a conocer que ese vehículo se reportó como robado con violencia en Monterrey, Nuevo León. De igual manera, se le relacionó en la comisión de delitos de la delincuencia organizada.
Al morir, Souverbille González tenía 56 años de edad. Antes de asumir la Secretaría de Seguridad Pública en la actual administración que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, había ocupado la Dirección de la Policía Ministerial en el gobierno del ahora senador de la República, Jesús Murillo Karam.
Cuando éste dejó la gubernatura de la entidad –tres meses antes de que concluyera su mandato constitucional, a consecuencia del conflicto político que se originó por la elección interna de su partido para la selección de su candidato a la gubernatura–, Souverbille González acompañó a Murillo hasta la subsecretaria de Seguridad Pública de la secretaria de Gobernación. El cargo se le asignó al exgobernador como parte de la negociación política para resolver el conflicto político local.
A su paso por esa dependencia federal, Souverbille fue noticia nacional cuando se le involucró en las pesquisas por el asesinato (junio de 1999) del comediante de televisión, Paco Stanley. Esto ocurrió en virtud de que, en las pertenencias de este personaje de la farándula, se encontró, además de droga, una licencia para portar armas de fuego, expedida por Gobernación y firmada –de manera ilegal – por Souverbille, según se informó en aquel tiempo, ya que el comediante no pertenecía a esa institución ni a otra similar.
Un policía por mes
La muerte de Marcos Souverbille se suma a la de ocho policías y expolicías más. Todos ellos fallecieron de forma violenta en lo que va del presente año, todos estos crímenes permanecen impunes hasta el momento. No importa qué mes del año se observe, en todos hubo al menos un miembro de las fuerzas del orden de Hidalgo asesinado.
A mediados de febrero, fue asesinado por tres balazos el expolicía ministerial Ignacio Pérez Martínez. En mayo, Elizabeth Heredia Chávez tuvo igual suerte; ella era una mujer policía municipal de Huasca de Ocampo. El 8 de junio fue asesinado de dos balazos Héctor Daniel Cruz Becerra, comandante de la policía. El crimen ocurrió en el municipio de Acaxochitlan. Días después, el 17 de junio, fue encontrado el cuerpo del excomandante de la Policía Judicial, Jorge Jiménez Vega en un canal de aguas negras a las afueras de Pachuca.
Su cuerpo mostraba ataduras en pies, manos y muestras de tortura. Jiménez había sido “levantado” el viernes 15 en la ciudad de Tulancingo por cuatro sujetos fuertemente armados. Un mes después, el 22 de agosto, Roberto Muñoz Licona, subcomandante de la policía municipal de Huasca de Ocampo fue ejecutado. La información de las autoridades indica que fue baleado por varios individuos en la carretera La Loma-Huasca.
Tan sólo en el mes de septiembre murieron cuatro policías hidalguenses. El día cinco fueron emboscados el comandante y el oficial de la policía estatal Mario Silva Zamora y Félix Cisneros. El primero murió en el lugar de los hechos y el segundo unas horas después; los hechos se registraron en Actopan Hidalgo. El 14 de septiembre fue ejecutado Leonel Martínez Hernández, comandante de la Policía Ministerial adscrito a la UMAN en la ciudad de Pachuca.
Su cuerpo se encontró en las inmediaciones del Centro de Extensión Universitaria, presentaba una herida de arma blanca y asfixia además de huellas de tortura. Finalmente, el día 19 se consumó el asesinato del secretario de Seguridad Pública.
A esta enumeración de asesinatos de policías se añade la de 14 personas que murieron violentamente en lo que ha transcurrido del 2007. En estos casos, no necesariamente se implica a la delincuencia organizada o a la venta de droga, aunque muy probablemente sí el consumo de sustancias ilegales.
Entre esos hechos violentos destaca la muerte de siete personas, presumiblemente ejecutadas por la forma en que fallecieron. Se trata de Nicolás Bautista Guzmán, escolta del empresario Alejandro Márquez y la del comerciante José Luis Hernández Hernández, vecino de Atotonilco el Grande. A esas víctimas se agrega la muerte de cinco personas más, en distintos municipios de la entidad y cuyo fallecimiento fue por herida de bala.
En ese recuento se incluye el asesinato del regidor panista de Xochiatipan, Nicolás Cortés Martínez. Supuestamente, su muerte habría ocurrido a manos de un grupo armado. Además, se agrega el atentado que sufrió el empleado de gobierno, Javier Pérez Olivares, a quien se intento asesinar disparándole 80 balas con una arma AK-47 y una pistola calibre .22. Hasta ahora, la prensa hidalguense desconoce el estado de salud y el paradero de Pérez Olivares.
¿Le mordieron la cola al tigre?
En virtud de magro resultado que ha arrojado la gestión de la Procuraduría General de Justicia de la entidad para localizar y llevar ante la Justicia a los responsables de los asesinatos, en lo que va del año, prevalecen los rumores y las especulaciones. La casi nula información oficial que se brinda a la sociedad y a la prensa en torno a las pesquisas para esclarecer los crímenes, provoca el incremento de la sensación de incertidumbre y temor entre la sociedad.
Por ejemplo, en los círculos de gobierno y de la policía, se especula casi a susurros que las ejecuciones son fruto de la lucha entre el crimen organizado y los narcos por hacer de Hidalgo su centro de operaciones. Otros afirman que son el resultado de las incursiones de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la PGR, la UMAN y el Ejército Mexicano en la entidad durante el 2006 y 2007. Las instancias gubernamentales han asestado duros golpes al crimen organizado y, con ello, han logrado minar considerablemente la red de narcomenudistas que operan en esta demarcación.
Quizás estas teorías no estén del todo erradas, ya que, de enero de 2006 a marzo de 2007, se logró detener a unos 300 distribuidores al menudeo de estupefacientes en diferentes ciudades de la entidad, según la información que proporcionó la delegación de la PGR en la entidad.
El 15 de octubre de 2006, miembros de la AFI desmantelaron un laboratorio en Ciudad Sahagún destinado a la producción de drogas sintéticas, cuyo producto sería enviado a los Estados Unidos. En el operativo fueron detenidas cuatro personas pertenecientes a una red de traficantes de origen colombiano.
El 15 de mayo de este año, fue detenida una banda de plagiarios fuertemente armados que, se presumía, eran miembros de la banda de Los Zetas. El 24 de junio, en un operativo sorpresa realizado en Atotonilco el Grande, elementos del Ejército Mexicano y de la PGR detuvieron a Luis Rey Enríquez alias el Z-12 y a diez personas más, vinculadas con la organización denominada Los Zetas.
A este último hecho, considerado uno de los más fuertes golpes al crimen organizado a nivel nacional, se vinculan los atentados en contra de Javier Pérez Olivera. Éste trabajaba en la misma región en la que fueron detenidos los supuestos sicarios. De igual manera se les relaciona con el crimen contra José Luis Hernández Hernández, quien era hijo del propietario del hotel en que los supuestos Zetas festejaban cuando fueron detenidos. Los crímenes fueron consumados a pocos días de la detención de los sicarios.
En contraste con las apreciaciones no oficiales, las autoridades estatales se empeñan en insistir en que estos acontecimientos nada tenían que ver con los operativos federales. Así ocurrió con el secretario de Gobierno, Francisco Olvera Ruiz, quien sostuvo que el atentado en contra del empleado de gobierno se trataba de una venganza personal de tipo pasional, no relacionada con el operativo federal en el que se detuvo al Z-12.
Efecto cucaracha
En repetidas ocasiones, Marcos Manuel Souverbille auguró que los operativos que se realizan en contra del crimen organizado en otras entidades del país y en el Distrito Federal, provocarían el efecto cucaracha. Es decir, que los delincuentes saldrían de sus estados de origen en busca de “entidades más tranquilas y menos vigiladas” para continuar con sus actividades ilícitas, como sucede ya en el estado de Hidalgo.
Sin embargo, la escalada de la delincuencia en la entidad no se restringe a la emigración de delincuentes de otras entidades, sino que se relaciona directamente con la ineptitud de las instituciones responsables de combatir el delito, con la pésima preparación de los cuerpos policíacos, y con la corrupción.
Esas fueron algunas de las conclusiones a las que llegó el diagnóstico de la criminalidad en México, realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C., con la colaboración del Instituto de Investigaciones Jurídicas de Universidad Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica y el Centro Nacional de Tribunales estatales, entre otros, que se entregó en el 2002 a la Presidencia de la República.
Ese estudio establecía, desde entonces, que el elevado índice de pobreza y marginación incide directamente en el incremento de la criminalidad. Por esa razón, el control de la delincuencia es cada vez más difícil en un país que no ofrece perspectivas ni posibilidades de desarrollo, como desgraciadamente sucede en la entidad.
Además, esa investigación multilateral detectó que las instituciones responsables de la seguridad carecen de una política coherente. De esa manera, explicaba, “la violencia crece de manera directamente proporcional a la incapacidad de las instituciones de seguridad y justicia para darle respuesta de manera integral”.
Esta radiografía de la criminalidad en México parecería retratar la gestión de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. En virtud del alto porcentaje de crímenes que han quedado impunes en lo que va de la presente administración, son mínimos los resultados que ha dado a la sociedad esa dependencia.
Permanecen sin aclarar, por ejemplo, los crímenes perpetrados en el 2006 de varias personas. Entre ellos, está el de Aldegundo Ortega Pérez, quien fue asesinado de tres balazos el 4 de enero en Acaxochitlan; otro más, correspondiente a la ejecución de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, también por haber recibido tres disparos en la cabeza el 1 de abril en la carretera Pachuca-Real del Monte. De igual manera, figura la muerte de una mujer hallada el 16 de abril en el municipio de Taxquillo, quien fue ahorcada y calcinada.
También integran ese recuento la muerte del comandante de la Policía Ministerial, Miguel Cano Jiménez, quien fue acribillado el 2 de mayo por siete balazos y la muerte impune de una joven cuyo cuerpo desnudo y calcinado se encontró el 7 de agosto en la autopista México-Pachuca a la altura de la comunidad de los Ángeles.
Además de los crímenes antes señalados, en junio de este año fueron asesinados a pedradas dos jóvenes en Ciudad Sahagún. Este crimen se suma al de la familia Ruiz Vega, padres y tres hijos, que ocurrió en la misma localidad en agosto de 2006 y del cual, según las pruebas periciales contenidas en uno de los expedientes de los supuestos criminales, se estaría encubriendo a los verdaderos responsables o fabricando culpables para acallar los reclamos de la sociedad que exigen que se haga justicia. (Contralínea, 15).
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Publicado: Año 2 / Noviembre 2007 / No. 24
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