Corrupción en el poder judicial

La mala práctica profesional de notarios y abogados en Hidalgo ha causado pérdidas significativas en la libertad, vida y patrimonio de campesinos, padres y madres de familia o profesionistas, sin que el sistema de justicia imperante los obligue a indemnizar a los afectados o rendir cuentas ante alguna autoridad por su impericia.

Los casos de perjuicio suman centenas en la entidad. Por influyentismo de abogados, ineptitud o “coyotaje” solapado no se aplica el marco legal vigente. Así, la falta de ética profesional y la mediocre preparación de funcionarios públicos esparcen una epidemia de corrupción que contamina las instancias legales.

Al respecto, el presidente del Tribunal del Tribunal Electoral, Raúl Arroyo González y el presidente de la Federación de Abogados, Juan Salomón Jorge Uribe, presidente de la Federación de Abogados del estado, estiman que tal situación se reduce a un problema de ética y preparación.

Pero para los abogados y notarios que defienden el espíritu ético de su profesión, el problema radica en la falta de preparación de los funcionarios responsables de administrar y procurar la justicia, así como al influyentismo. Contralínea-Hidalgo expone tres casos documentados, entre cientos sin resolver, que revelan la gravedad de este problema social que resta credibilidad a las instancias de impartición y administración de justicia de la entidad.

Caso 1: Apatía del DIF

Como un hecho sin precedente en el estado, los hidalguenses calificaron el fallo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que resolvió inhabilitar por cinco años a Guadalupe Mejía Pedraza, juez Tercero Civil de Pachuca, para ejercer cargo o comisión alguna en la administración pública estatal y municipal. Se la encontró culpable de negligencia, al no liberar de la tutela materna a la menor Dana Paola Hernández Flores, pese a los contundentes elementos que existían para presumir que era víctima de violencia intrafamiliar.

La decisión de la ex funcionaria pública le costó la vida a Dana Paola, quien presumiblemente falleció a causa de golpes que le propinó su padrastro, hoy preso por el delito de homicidio. El homicidio, que consternó a la opinión pública local, involucró a la actriz Victoria Ruffo, en su calidad de presidenta del DIF municipal, a quien acusó Olga Aguilar Cervantes, abuela paterna de la menor, por negarse a escuchar el caso.

Este sonado caso, por el peso político y mediático de la actriz, fue retomado por la prensa la nacional y con ello, evitó que pasara inadvertido entre la información cotidiana. Por ese hecho, fue necesario que el presidente municipal de Pachuca, Omar Fayad Meneses, deslindara públicamente a su esposa de los hechos. Paradójicamente, la fama de la actriz y funcionaria del DIF hidalguense, lograron que la causa del fallecimiento de la menor fueran notorios. 

Otro caso notable fue el del abogado Daniel Román, sospechoso de liberar a cinco reos confesos y acusados de cometer varios delitos. El Ministerio Público determinará si lo consigna por obstaculizar la administración de justicia y cohecho.

Caso 2: Esperando a que me muera

“Creo que están esperando a que me muera, pero lo que no saben es que no tengo prisa”, responde sarcástico el ingeniero civil, Isaías Rodríguez Ruiz cuando se le preguntó sobre los pormenores del juicio civil que inició desde el año 2003, para recuperar sus propiedades de las que fue despojado por un catedrático de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAH) y su esposa, en complicidad con un notario público corrupto.

Para quienes escuchan por primera vez esa frase, la considerarían como una broma macabra de un viejo de 97 años de edad. Tras constatar en los documentos la veracidad de sus declaraciones y enmarcarlas en la realidad del sistema judicial hidalguense, queda poca duda sobre la autenticidad de su respuesta.

A principios del año 2003, Isaías Rodríguez tenía entonces 94 años de edad. Narra al reportero que cuando acudió a un módulo del Catastro Municipal de Pachuca para conocer el importe de los impuestos que debía pagar ese año, tuvo la sorpresa de enterarse que sus propiedades de Alatriste 108 y de Belisario Domínguez 103, en el centro de la ciudad, estaban documentadas a nombre de Luz María Alejandra Luz Luna Ortiz, su sobrina.

Al indagar más sobre el caso, conoció por viva voz de Luz María que, abusando de la confianza del tío, con mentiras obtuvo las escrituras de los inmuebles. Una vez con esos documentos, acudió a la Notaría número 12, a cargo del Notario Público Sergio Barragán Mejía y los traspasó a su nombre, falsificando las firmas de Isaías Rodríguez y las de su esposa.

Enseguida y presa del temor por perder su patrimonio, el ingeniero buscó asesoría del Notario Público Número Uno, Rafael Arriaga Paz (con quien tiene añeja amistad por ser originarios del mismo municipio, en Real del Monte). El Notario realizó un careo “conciliador” con la presencia de las dos partes: Jorge Arce Vargas, catedrático de la Universidad Autónoma de Hidalgo, esposo de Luna Ortiz y cuatro personas más como testigos.

Durante ese encuentro, no se cuestionó la falsificación de las escrituras, sino que por sugerencia del notario público, se acordó realizar un convenio en el que Isaías Rodríguez se desistiría de la demanda y Luna Ortiz devolvería las propiedades, sustituyendo los documentos falsificados por unos nuevos. 

Sin embargo, el convenio nunca se firmó por lo que meses después se levantó la denuncia 237/003, en poder del Juez Sexto de lo civil. Casi cuatro años después de suscitado el problema, y de que se han realizado siete u ocho audiencias, (a muchas no se han presentado los acusados de falsificación de firmas y abuso de confianza), convocadas por el juez que lleva el juicio, y pese a que está comprobado el delito, la ley lenta y nada expedita, no encuentra culpables.

La señora Luz María Luna y su esposo continúan figurando como los dueños legales de las propiedades; el notario Sergio Barragán sigue firmando escrituras y dando fe pública de todos los asuntos que se le confían y el notario Rafael Arriaga Paz, tal vez, esperando a que el tiempo resuelva este conflicto.

Para los pachuqueños, la reputación de Arriaga Paz deja mucho que desear. Prueba de ello es su rechazo en las urnas cuando pidió el voto popular en 1999 como aspirante a diputado local a pesar de haber sido presidente municipal de Pachuca años atrás.

En tanto, el ingeniero Isaías Rodríguez está seguro que los tribunales y las autoridades seguirán dando “largas a su asunto”. Piensa que ahora utilizarán como pretexto que la pareja acusada de fraude y abuso de confianza, está fuera de la ciudad, pues el catedrático Jorge Arce Vargas, obtuvo una beca para estudiar en otra ciudad del país o del extranjero.

Abogados consultados por Contralínea, estiman que el asunto debería haber concluido en virtud de que está probado, por un perito caligráfico, el delito de falsificación de firmas. Respecto al convenio firmado entre las partes, apuntan que con esa acción posiblemente se buscó retardar la solución del conflicto, por error o dolo ya que al estipular en el documento que “se desistirá de la demanda”, deja abierto el período de tiempo en que se ejecutará esa acción.

Otra de notarios

Desafortunadamente para Isaías Rodríguez esta experiencia no es nueva. Años antes, el prestigiado abogado pachuqueño, Juan José Acevedo, lo despojó de una casa ubicada en la calle de Mejía. En esa ocasión, aprovechándose del conocimiento de la ley y la ausencia de Rodríguez Ruiz, el abogado sin escrúpulos alegó la posesión del inmueble que escrituró a su nombre.

Por eso ahora, el nonagenario ingeniero afirma en plan de broma, que la razón por la que su litigio no se ha resuelto es porque esperan a que se muera. Sólo así se explica que el notario número 12 Sergio Barragán se haya prestado a que Luz María Luna y su esposo falsificaran su firma.

“Han de haber pensado que por mi edad, era yo un viejo moribundo y enfermo que estaba en su cama esperando la muerte, pero lo que no saben es que no tengo prisa”, sentencia mientras espera, paciente que se le haga Justicia. 

Caso 3: Defraudada por mi abogada

La falta de ética, la pésima formación de los funcionarios públicos dependientes de la Procuraduría General de Justicia de la entidad y el influyentísimo que prevalece en esa dependencia quedó de manifiesto en el caso de María del Rosario Olmos Lagos. Para los hidalguenses que conocieron el caso, ella fue víctima de un artero fraude cometido a manos de su abogada Michel (o Mishel) Vera González, que no fue reconocido como tal por el sistema judicial estatal.

De acuerdo con la Averiguación Previa 03/642/2005, María del Rosario Hernández Olmos contrató los servicios de la abogada Michel Vera González, para que le escriturara un predio en la comunidad de los Cides, municipio de Tepeapulco. Una vez concluido el trámite, la propietaria le pagaría a la abogada la cantidad de nueve mil pesos.

Transcurrió un largo tiempo y María del Rosario insistía a la abogada sobre el proceso de su caso hasta que la abogada le informó que ya había solucionado el problema. A cambio, le reiteró, debía liquidarle la suma acordada. Dos días después de esa llamada, la clienta liquidó los nueve mil pesos pero no recibió los documentos que legalizaban su propiedad.

En respuesta a esa negligencia, María del Rosario indagó que no se había iniciado ningún trámite de escrituración ante las instancias correspondientes por lo que decidió demandar a la abogada. Como resultado de esa averiguación previa, el agente del Ministerio Público concluyó que sí hubo fraude y solicitó al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Apan, la orden de aprehensión contra Vera González. Sin embargo, su solicitud fue rechazada.

Inconforme con esta resolución la agente del Ministerio Público, Claudia Samperio González apeló ante la Segunda Sala Penal. La respuesta de esa instancia fue aún más sorprendente: además de ratificar la negativa a otorgar la orden de aprehensión –por considerar que no fue probado el delito de fraude– los magistrados señalaron que el recurso de apelación era deficiente. Por esa razón, cuestionaron el profesionalismo de la representante social y ordenaron dar conocimiento de las omisiones al procurador general de Justicia, para que actuara conforme a derecho.

Respecto a la denuncia original por fraude contra la abogada Michel Vera González, los magistrados resolvieron exonerarla. Argumentaron la falta de elementos que acrediten el delito de fraude; por el contrario, responsabilizaron del incumplimiento del contrato verbal a la demandante, María del Rosario, quien decidió llevarse sus papeles.

Profesionales del derecho consultados, aseguran que el dolo de la abogada es evidente, pues requirió el pago sin haber concluido el trabajo. Otra prueba del delito de fraude, consiste en que no inició el juicio de escrituración y al parecer, el predio en cuestión está ubicado en terrenos de un ejido, por lo que el proceso de regulación debió ser a través de la Comisión para la Regularización de la Tierra (Corett) o el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) y no en un juzgado civil.

De esa manera, en el caso de la Ministerio Público, se hablaría de mala integración de la averiguación previa para proteger a la abogada en cuestión. Igual ocurriría con las sentencias de los juzgados de primera y segunda instancia.

Las sospechas de mala conducta legal cobran más fuerza cada día, toda vez que el juez penal de primera instancia, Daniel Román Arteaga, fue destituido recientemente acusado de cometer delitos en contra de la administración de justicia. Mientras tanto, que la agente del Ministerio Público, Claudia Samperio González, permanece en su cargo, por lo que se presume que el procurador de Justicia de la entidad, Alberto Rodríguez Calderón, ignoró la orden de los magistrados de actuar conforme a la ley, contra la representante social, por las omisiones en que incurrió inocente o dolosamente.

El juez Daniel Román Arteaga cobró notoriedad por haber consignado a Fernando Arredondo Veliz, alias “El Cholo”, el joven señalado como responsable del homicidio de la familia Ruiz Vega –ejecutada a mediados de agosto del 2006, en Ciudad Sahún (Contralínea-Hidalgo 12)–.

Este caso sigue vivo en la percepción pública por las inconsistencias en la integración de la averiguación previa que pretendía aclarar ese homicidio múltiple, y ante el elevado número de anomalías que se han denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad y que involucran a Román Arteaga.

Publicado: Año 2 / Marzo 2007 / No. 17