Los 138 derecho-habientes del INFONAVIT y del FOVISSSTE corren el riesgo de ser desalojados de sus viviendas, debido al juicio mercantil que iniciaron las empresas Ferretera Nacional; Concretos Apaxco; el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos (INVIDAH) y Santos Islas, entre otros, en contra de la constructora Ingeniería y Arquitectura, a la que en 1999 y el 2000 le compraron las viviendas.
Durante casi tres años los institutos les ocultaron que su patrimonio familiar era parte de un litigio entre particulares; y el INFONAVIT y el FOVISSSTE no emprendieron ningún acción legal para defender su patrimonio. Y ahora que es público el fraude, se niegan a emprender acciones legales, como recurrir a un amparo para detener el remate de sus casas y el probable desalojo.
¿Qué otra razón o interés puede haber detrás de este problema, se preguntan, para que el gobierno del estado y el gobierno federal, a través de las delegaciones, hayan mantenido oculto el problema y lo dejaran avanzar?
El embargo
“!Aviso urgente, vecino, si usted se encuentra en esta lista favor de asistir a la junta informativa que se llevará a cabo el día 17 de abril¡, decían los anuncios pegados en lugares púbicos del pachuqueño fraccionamiento Bosques del Peñar.
El aviso rompió la tranquilidad de muchas familias de esta colonia, que de esa forma se enteraron que sus casas estaban embargadas y a punto de salir a remate, pero no por el INFONAVIT o el FOVISSSTE, con quienes se supone habían sido hipotecadas, sino por empresas privadas de las que nunca habían escuchado hablar.
Otros se enteraron cuando intentaron sacar sus escrituras --que por cierto nunca lo lograron-- obtener una licencia de construcción o pagar el predial, y algunos más fueron sorprendidos por supuestos valuadores que en diciembre del 2006, les informaron: “Le estamos tomando fotos a las casas que están embargadas“.
La desagradable noticia provocó alarma entre los vecinos quienes junto con la delegada de la colonia, Teresa Ayala Aguilar, acudieron a la delegación del INFONAVIT en busca de una explicación y ahí descubrieron que no estaban solos, ya que casi un centenar de vecinos de este fraccionamiento tenían el mismo problema.
Inexplicablemente, relatan, la delegada de la colonia mantuvo en secreto el problema tres meses más, hasta abril en que se llevó a cabo la primera junta informativa en la que se dio a conocer el problema, y del que pese a las múltiples reuniones en la colonia, con el gobierno del estado, la presidencia municipal y las instituciones, poco se ha hecho.
Hermetismo oficial
Lo cierto de este embrollo legal en el que está en juego el patrimonio familiar de 138 trabajadores, 87 derechohabientes del INFONAVIT y 51 del FOVISSSTE, es que no se quiere que se sepa nada ya que en las reuniones públicas que se han realizado en el gobierno del estado, algunos reporteros han sido prácticamente corridos del lugar.
También lo demuestran las molestias que causa a los jurídicos de las instituciones que actualmente dicen defender a los trabajadores, el activismo de los vecinos de Bosques del Peñar e inclusive las amenazas veladas de que si alguien contrata los servicios de un abogado externo, podría perder su patrimonio.
Por si fuera poco, además de que pretenden serguir manejando en las sombras este espinoso asunto, los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fueron amenazados caso de seguir en la lucha por la defensa de su patrimonio familiar.
La prueba con que cuentan los afectados es el silencio que se guardó de este caso durante casi tres años, toda vez que el proceso de embargo inició en 2004, por lo que es difícil que vuelvan a confiar en las autoridades que dicen representarlos.
El gobierno del estado conocía del problema, porque INVIDAH, una de las instituciones beneficiadas con el embargo, busca recuperar 8 millones de pesos que le quedó a deber Ingeniería y Arquitectura; la presidencia conocía el caso porque muchos vecinos no pagaron impuesto predial durante todos estos años y muchas licencia de construcción tampoco se pudieron otorgar por falta de escrituras. Además, el Tribunal de Justicia de la entidad sabía por los juicios mercantiles que se ventilaron en la entidad.
Sobre el origen de este problema la juez de la colonia, Teresa Ayala Aguilar, dice que surgió porque no se hizo el traslado de dominio, no hubo el seguimiento ni del INFONAVIT ni FOVISSSTE para garantizar el patrimonio de los trabajadores. En el caso del primero, ese instituto contrató notarios y pagó sus servicios que debieron concluir con el registro de las propiedades en el Registro Público de la Propiedad para darle certeza jurídica a los trabajadores.
Se presume que en una acción legal emprendida por las empresas para recuperar los créditos otorgados a la constructora Ingeniería y Arquitectura, recurrieron al Registro Publico de la Propiedad y del Comercio en busca de las propiedades de Ernesto Morales Venegas, dueño y director general de la constructora, encontrándose que las 138 viviendas del Fraccionamiento Bosques del Peñar todavía están registradas a su nombre a pesar de que cuatro años atrás las había vendido.
La otra versión del origen del problema es que Ernesto Morales Venegas dejó en garantía los lotes en donde se edificaron las viviendas, para garantizar los pagos a los proveedores que le surtieron materiales con los que se construyó este fraccionamiento de unas mil viviendas.
De ser esta la versión correcta, el empresario tuvo que contar con la complicidad del INFONAVIT y del FOVISSSTE, por no exigir que concluyeran el protocolo notarial y de esa forma darle certeza jurídica los trabajadores, y de igual forma garantizar el pago de los créditos dándole formalidad a la hipoteca.
Se presume que el empresario Ernesto Morales contó con la complicidad de los notarios públicos y el silencio de INFONAVIT y FOVISSSTE en este millonario fraude, ya que dio en garantía inmuebles que había vendido con anterioridad y que ahora son embargados por los deudores de Ernesto Morales.
Sin culpables
Al final del proceso perderían los institutos, ya que las casas son las única garantía para recuperar los préstamos, por lo que es extraño el desdén que han mostrado hacia el problema ambas instituciones de seguridad social para los trabajadores.
Algunos derechohabientes, en una reunión con el secretario general de la presidencia municipal de Pachuca, Jonas Reyes Oropesa y el jurídico, Miguel Ángel Tello Hernández, dieron cuenta del deslinde que hizo la delegación del FOVISSSTE al argumentar que el cheque del préstamo hipotecario lo recibieron lo trabajadores y ellos a su vez fueron responsables de contratar a los notarios y de pagar a las constructoras.
Mientras que para el INFONAVIT, a quien deberían de reclamarle los trabajadores es a los notarios púbicos que debieron protocolizar las escrituras y registrarlas ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ya que el instituto les pagó sus honorarios y los impuestos correspondientes.
Pero para los notarios públicos el problema es del INFONAVIT ya que no les pagó. Pero el abogado de la presidencia municipal de Pachuca, ante la mayoría de los defraudados, reconoció que quien debe responder es el INFONAVIT e inclusive, afirmó en esa reunión, que si hay que demandar a alguien seria al INFONAVIT.
Para los trabajadores engañados su error fue haber confiado en el INFONAVIT ya que a ciegas se pusieron en las manos del Instituto, instancia encargada de pagar a la constructora y de contratar a los notarios 2 de Huichapan, Rigoberto Rodríguez Murillo, y 8 de Pachuca, Fernando Licona Rivemar.
Publicado: Año 2 / Junio 2007 / No. 19
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