Intolerancia en la UAEH

En la máxima casa de estudios del estado sólo el llamado “Grupo Universidad”, encabezado por el actual coordinador de los diputados federales priístas hidalguenses, Gerardo Sosa Castelán, tiene el control “ideológico”, político y económico.

Lo anterior lo respalda el investigador Pablo Vargas González, quien en carne propia padeció lo que él llama, “negligencia laboral”, y apunta que “debido a que el rector Gil Borja no tiene la legitimidad requerida, a dos años de la toma de su gestión no ha mostrado cambios sustanciales que puedan distanciarse y deslindarse del manejo político que se le ha dado a la universidad, incluso por encima de las autoridades y normas internas”.

Así recuerda la forma en que fue “despedido” como investigador y académico, quien desde el pasado tres de enero fue cesado de su puesto como investigador y profesor del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSH), por órdenes expresas de su director, Adolfo Pontigo Loyola.

Otro hecho similar fue el que protagonizó la directora de Radio Universidad, Claudia Figueroa -esposa de Mauricio Ortiz Roche, coordinador de la carrera en comunicación, fiel a Pontigo-, echó, un año después, el 3 de enero del 2007, a la productora Aideé Cervantes Chapa, bajo el pretexto vedado de su parentesco con el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, quien mantiene un litigio con Sosa Castelán, por la publicación del libro “La Sosa Nostra. Porrismo y Gobierno coludidos en Hidalgo'’.

De esta forma, Vargas González fue sorprendido en su cubículo de trabajo por elementos de seguridad del ICSH y, a manos del administrador de esa escuela, Mario Salinas, fue obligado a apartar sus cosas y bajo los argumento como los de “perredista'’ y “comunista'’ y “por no entrar en los intereses” de Pontigo Loyola, fue echado.

Un año más tarde, es decir, el tres de febrero del 2006, Tania Meza Escorza y Tonatiuh Herrera Gutiérrez, fueron separados de sus responsabilidades como académicos de la UAEH -quienes a diferencia de Vargas González- simplemente fueron rescindidos de sus contratos sin justificación alguna.

Aunado a lo anterior, por primera vez en la última época, a la rectoría de la UAEH surgió de las entrañas de su comunidad un movimiento estudiantil de clara oposición a las autoridades de la universidad.

El 7 de febrero, la Conferencia Universitaria Independiente (CUI) -organización estudiantil separatista emergida para aquellas épocas-, emitió un comunicado que, sin tapujos, acusaba al Grupo Universidad y a “su cacique” de la crisis de identidad de la UAEH: La primera coordinación de la Conferencia Universitaria Independiente acusa:

“Al Grupo Universidad; esa hegemonía fascista de unos cuantos que en aras del poder político y económico han mantenido secuestrada a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a lo largo de 42 años, ofendiendo a la conciencia de los hombres y mujeres de buena voluntad, académicos, administrativos y estudiantes mediante chantajes, amenazas y cualquier clase de violencia que pueda ser administrada; traficantes de la investigación; irresponsables y ladrones de la creación intelectual.

“A Luis Gil Borja, rector; Pilatos que se lava las manos a merced de la injusticia; solapador de las agresiones y por tanto, protagonista de las mismas; no apto para gobernar a una universidad que se ha cansado de ser testigo y víctima de los atropellos de sus caciques; ¿Que se puede esperar de un hombre que con tal de obedecer el poder supremo del cacique, permite su autoflagelación, se traiciona a sí mismo y a su inequívoca virtud de ser humano? ¿Como confiarle el gobierno de una casa de estudios como la nuestra a un becerro que por voluntad propia se ata las patas y se echa al matadero?

“A Adolfo Pontigo Loyola, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades; porro, traficante, soldado raso del cacique, peón de intereses; que desde 1974 ha servido a la Sosa Nostra, primero, como protagonista de delitos de diversa índole como estudiante, miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo y que, como funcionario, ha operado el despido injustificado de decenas de académicos. No nos extraña hoy su actitud boxeadora y engallada que hizo funcionar contra nuestros compañeros Meza, Vargas y Herrera. No nos sorprendería, en lo absoluto, que este que les habla, no lo haga mas el día de mañana, entonces, tendrían ustedes, compañeros, que preguntarle a Adolfo Pontigo Loyola sobre nuestro paradero.

“A Gerardo Sosa Castelán, el cacique; el traficante; el delincuente; la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es la única universidad pública a nivel nacional que se lamenta de tener un dueño. Sabemos quien es él, como opera, que conocemos sus más funestas debilidades; que desde ya, debe de saber que no descansaremos hasta que ese monstruo termine por sucumbir; que debe entender que somos mucho mas de lo que aparentamos; que sabemos bien que el monstruo, hoy, está de rodillas… y si no nos cree… lo recordará cuando desde donde esté se lamente de no estar traficando recursos e influencias”.

Despidos

La negligencia de Gil Borja respecto al caso, mereció una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) la cual 12 de marzo del 2006 emitió un comunicado público donde propone el anteproyecto para la creación del ombudsman universitario o la defensoría de los derechos de los universitarios a la UAEH; “el objetivo de este planteamiento es que catedráticos y estudiantes de la máxima casa de estudios conozcan sus derechos'’.

Alejandro Straffon Ortíz, presidente de la CDHEH, expresa que luego de recibir dos escritos de queja presentados por los investigadores Pablo Vargas, Tania Meza, y Tonatiuh Herrera, en el que manifiestan haber sido separados de sus cargos bajo argumentos poco claros, se determinó enviar el anteproyecto del ombudsman universitario pues, según los documentos presentados por los investigadores, las razones de su despido son distintas a las mencionadas por las autoridades universitarias.

En el anteproyecto, Straffon Ortiz destaca que “si bien es cierto que, en asuntos de índole laboral, la CDHEH, atendiendo su propia normatividad, está impedida para adentrarse al fondo del asunto, amén, desde luego, de la autonomía universitaria, no nos impide, sin embargo, brindar orientación y asesoría a los catedráticos para que acudan a las instancias correspondientes a hacer valer sus derechos humanos”.

De acuerdo a dichos instrumentos, se externa a la comunidad universitaria que, a través de diversos compromisos para la defensa de los derechos humanos, toda persona, de manera individual o colectiva, “tiene el derecho al legítimo ejercicio de su ocupación y profesión”.

Manifiesta, igualmente, que “cualquier actividad que pueda afectar la dignidad humana y las libertades fundamentales de otras personas, deberá respetar las normas nacionales e internacionales de conducta y ética profesional u ocupacional que sean pertinentes”.

El documento ostenta aspectos relativos a la discriminación en materia de empleo y ocupación, encuadra a la discriminación como cualquier distinción, exclusión, o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

El papel de La JLCA

Tras registrarse estos hechos, Pablo Vargas interpuso una denuncia por despido injustificado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), la que a través del Tribunal de Arbitraje resolvió, mediante el laudo respectivo, la no procedencia de este asunto.

De esta forma la JLCA resolvió en contra del investigador y a favor de las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado.

“Fue en el mes de febrero del 2006, cuando interpuse la solicitud de laudo ante la Junta Local, con la intención de exigir mi reubicación a la UAEH, así como el pago de mis prestaciones e indemnización tras un despido injustificado”, menciona el afectado tras conocer el fallo.

Bajo el argumento de que la Universidad en tiempo y en forma le informó de su despido, es que la Junta respaldó su veredicto, cuestión que fue calificada como totalmente falsa por Vargas González.

Y es que de acuerdo a los documentos que presentaron las autoridades universitarias como pruebas, se encuentra un documento que de acuerdo al investigador es apócrifo.

“Dicho documento señala que se me notificó con tiempo acerca de mi despido, sin embargo este documento ya fue puesto a disposición de peritos especialistas, quines dictaminaron que es apócrifo, ya que mi supuesta firma se ve claramente falsificada”.

Pablo Vargas explica que las autoridades de la Junta Local, actuaron en contubernio con las de la Universidad para dictar este fallo en su contra, a pesar de que órganos como la Comisión de Derechos Humanos, Asociaciones no gubernamentales internacionales apoyaron su caso relacionado con el despido injustificado.

Vargas asegura que continuará con esta lucha pero ahora con las autoridades federales, por lo que anunció que llevará su caso hasta la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

“Siempre tuve confianza en las autoridades estatales, pero con este tipo de situaciones no me queda más que poner mi caso ante las autoridades del orden federal”, concluye.

Publicado: Año 2 / Julio 2007 / No. 20