Con apoyo en sus cargos al frente de la Coordinación General Jurídica del gobierno estatal en el sexenio pasado, políticos como Lilia Reyes Morales y Juan Alberto Flores Álvarez, no sólo faltaron a observar y aplicar la Ley Notarial local, sino que se conviertieron en titulares de sus respectivas notarías públicas.
Ilegalmente, se entregaron la patente de notario titular sin tener experiencia y jamás se ocuparon de las irregularidades que se dieron en la dependencia, pues se convirtieron en beneficiarios directos de la nula observancia de dicha ley y desde ahí, ayudaron a establecer un negocio vitalicio para los funcionarios.
Desde la cúpula gubernamental se desarrolló todo un proceso para beneficiar a amigos, incondicionales y a los propios funcionarios que tenían el anhelo de convertirse en notarios públicos, según revelan los archivos del Periódico Oficial del Estado.
Violando las disposiciones de la Ley Notarial, publicada el 18 de mayo de 1992, durante el gobierno de Adolfo Lugo Verduzco, Reyes Morales, funcionaria de la administración nuñista, además violentó la normativa, al entregarles la patente sin haber aprobado un examen de oposición como lo sentencia el artículo 16.
Dicho artículo a la letra señala: “Cuando una notaría estuviere vacante o se resolviere crear una o más nuevas, el Poder Ejecutivo publicará convocatorias para que los aspirantes al ejercicio del notariado presenten examen de oposición. Esta convocatoria será publicada por una sola vez en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y por tres veces consecutivas con intervalos de cinco días en uno de los periódicos de mayor circulación”.
En el sexenio de Manuel Ángel Nuñez Soto jamás se publicó en el Periódico Oficial ninguna convocatoria, ni en diario de circulación estatal y por el contrario, sólo se cumplió con publicar en el citado órgano, cuando se habían entregado las patentes de notarios titulares y adscritos, quienes al no haber respondido a ninguna convocatoria, no presentaron examen alguno.
Una revisión de los ejemplares del Periódico Oficial constatan esta afirmación pues jamás apareció una sola convocatoria en el periodo 1999-2005.
Para poder establecer una notaría pública, donde se realizan una gran cantidad de actos jurídicos, según establece la propia Ley Notarial, se necesita haber tenido práctica notarial durante dos años bajo la dirección de un notario en el estado, y haber aprobado en el examen técnico-práctico que se efectuará en los términos de dichas ley.
En casi todos los casos, ninguno de los notarios públicos que recibieron la patente en todo el sexenio anterior, acreditaron ambos requisitos.
La propia Reyes Morales, diputada federal suplente con Nuñez Soto, recibió la titularidad de la Notaría Número 13 del Distrito Judicial de Pachuca el 28 de enero del 2002 para que dos meses después, el 18 de marzo, se conviertiera en directora de la Coordinación General Jurídica de la entidad.
Sin embargo, aunque aquí no había nada ilícito, jamás declinó conducir su notaría como la ratifica la portada del Periódico Oficial del Estado del 24 de junio del 2002 en que se publica el acuerdo mediante el cual se entrega a Frida Martínez Zamora la patente de notario adscrito a la misma notaría No. 13 de la cual es titular la propia Lilia Reyes Morales.
En la misma carátula aparece en la parte superior el nombre de Reyes Morales en su cargo como directora jurídica.
El artículo 35 de la Ley Notarial, sostiene que el ejercicio del notariado es incompatible con los cargos de elección popular; los cargos de servidor público de la Administración Publica o de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; procurador de Justicia o agente del Ministerio Público; director o subdirector del Registro Público de la Propiedad.
Sin embargo, durante un año y un mes, Reyes Morales ejerció ilegalmente como titular de su notaria y como coordinadora del Jurídico al que llegó el 28 de abril del 2003 Juan Alberto Flores Álvarez sin que nadie, obviamente, le dijera nada pues era ella la autoridad correspondiente.
Pero el relevo resultó igual o peor y con el mismo ejemplo el 22 de diciembre del 2003 Flores se autoentregó la titularidad de la Notaría No. 14 del Distrito Judicial de Pachuca, siendo también director de la Coordinación General Jurídica del Gobierno Estatal, cargo que tampoco abandonó pese a la obligatoriedad que reclama la Ley Notarial.
La misma ley sanciona hasta con la revocación de la patente, el incurrir en estas faltas que sin embargo, nunca han sido aplicadas.
En el capitulado de los exámenes de oposición, se señalan los requisitos que debieron haber cumplido los abogados que pretendían convertirse en notarios, que abarca de los artículos 18 al 28 y exige aprobar pruebas teóricas y prácticas, además de la forma en que serían evaluados los aspirantes y que fueron pasados por alto.
En el último de estos artículos, el vigésimo octavo, se especifica nuevamente publicar el nombramiento del aspirante que obtuvo la mayor calificación para obtener la patente de notario, sin embargo, nuevamente se olvidó hacerlo en algún diario local como lo exige la ley.
La entrega de patentes de notario se hizo a mansalva. Otro caso sobresaliente es el de Marcela Straffon Ortiz, hermana del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Alejandro Straffon. Siendo directora del Periódico Oficial, se convirtió en notaria titular el 22 de diciembre del 2003.
En este salpicadero de notarías, recibieron la suya abogados como Mabel Calderón García, entonces legisladora local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien el 10 de marzo del 2003 recibió la titularidad de la Notaría Pública No. 1 en el municipio serrano de Jacala.
Como es obvio, Calderón García, a quien se le reclamó durante su estancia en el Congreso su apatía y el alineamiento con el poder, tampoco declinó a encabezar su notaría y ser legisladora incurriendo también en la falta sancionada por el artículo 35 de la Ley Notarial.
Otros personajes que recibieron este beneficio fueron el ex delegado del ISSSTE en la entidad, Prisciliano Gutiérrez Hernández y Juan Manuel Camacho Ángeles, un joven que tenía un escaso año de haber concluido la universidad y que recibió el 22 de diciembre del 2003, la titularidad de la Notaría Pública No. 2 de Apan.
Camacho Ángeles es hijo del ex rector universitario Juan Manuel Camacho Bertrán, donde coincidieron ambos uno como estudiante y el otro al frente de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH).
Otros beneficiados son Alejandro Habib Nicolás y Alejandro Soto Rojas. Este último, hijo de la ex política Estela Rojas, y hermano de la actual directora del Sistema Hidalguense de Radio y Televisión de Hidalgo, Helia Carolina Soto Rojas.
Robo en despoblado
La bondadosa administración del ex gobernador Manuel Ángel Núñez Soto, tuvo su época dorada en los últimos meses de su administración, con la entrega de notarías y títulos de notarios titulares a amigos e incondicionales sin mayor problema que el propio criterio de quien ocupó la Coordinación General Jurídica, que recayó en ese periodo en Juan Alberto Flores Álvarez.
En los últimos 20 días, particularmente el 14 de marzo, el gobierno estatal se descaró entregando sin examen de oposición ni valoración alguna 32 patentes de notario a igual número de personas que en su caso, habían sido funcionarios o estaban ejerciendo un cargo en ese momento.
De tal suerte que en ese paquete aparecen la ex procuradora de Justicia, Flor de María López González, quien fue la única que tuvo un trabajo previo en notarías como lo demanda la Ley Notarial del Estado, emitida en 1992.
Así, recibió la titularidad de la Notaría Pública No. Cinco, con cabecera en el Distrito Judicial de Jacala, lo mismo que el hermano del edil capitalino, Omar Fayad Meneses, Víctor Manuel Fayad Meneses, quien obtuvo la titularidad de la Notaría No. Cinco de Apan.
Estas 34 patentes son para crear igual número de notarías públicas, que de acuerdo a la Ley Notarial, se tienen que crear de acuerdo a las necesidades de la población. Esta necesidad está fijada en un notario por cada 40 mil habitantes.
La ex alcaldesa de Mineral del Monte, Angelina Bulos Islas, obtuvo igualmente su notaría, la No. 2 de Zimapán. La discrecional entrega alcanzó igualmente al ex funcionario Jaime Daniel Baños Paz, lo mismo que al ex diputado federal Raúl Sicilia Salgado y a su hijo Raúl Sicilia Alamilla.
De forma inverosímil, se entregaron patentes de notarios adscritos a personajes como Juan Alberto Flores Álvarez, entonces titular de la Notaría Pública No. 7 de Pachuca y director general Jurídico, quien recibió otra patente como notario adscrito a una notaría que ni siquiera se había conformado, la No. 14 de Pachuca.
En la Notaría 14, según el Periódico Oficial del Estado, estaba al frente Ana Elena Flores Carrillo, quien apenas en esa misma fecha había recibido su patente como notaria titular cuando aún no requisitaba su patente.
Ésta apenas entró en funciones el 31 de marzo de ese mismo año y se publicó oficialmente el 4 de abril, pero ni siquiera estaba laborando y ya tenía a su notario público adscrito que era el propio Flores Álvarez.
Idéntica situación pasó con Javier Butrón Olguin, quien sin haber requisitado su patente de notario público titular, ya tenía a su notario adscrito en Amelia Olguin Vargas. Pero este y otros excesos se cometieron pese a la existencia de la Ley Notarial que nadie, ni la Coordinación General Jurídica respetó.
Urge revisión
Ignorando los procesos de selección y la normatividad, la administración del ex gobernador Manuel Ángel Núñez Soto, entregó a diestra y siniestra notarias públicas a amigos, incondicionales y funcionarios de la administración estatal.
El legislador local Juan Ortiz Simón repudia el hecho y critica también que jamás la administración pública ha aplicado un examen para la entrega de las notarías en la entidad.
Aunque es un requisito contenido en la Ley Notarial del Estado de Hidalgo, para la obtención de las notarías, en el sexenio pasado no se aplicó ninguna prueba, tanto teórica como práctica como lo contemplan los artículos 24 y 25 de dicho reglamento.
Ortiz Simón, de profesión abogado, desaprovecha el que jamás se hayan publicado las convocatorias respectivas como lo exige el artículo 16 que reza: “el poder Ejecutivo publicará convocatorias para que los aspirantes al ejercicio del notariado presenten el examen de oposición correspondiente”.
Esta convocatoria será publicada por una sola vez, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y por tres veces consecutivas con intervalos de cinco días en uno de los periódicos de mayor circulación, según se lee.
Consideradas un negocio redondo, las notarías son objeto de deseo por parte de barras de abogados y litigantes privados, pero de acuerdo a varios de ellos, es muy difícil para un abogado, pese a los títulos y reconocimientos profesionales y académicos, conseguir una.
Pero esta es una queja repetida para los 13 mil abogados que existen en la entidad, a los que les es complicado colocarse en un empleo, y mucho más, lograr una notaría, pese a que varios cuentan con diversos posgrados.
Sin embargo, en el sexenio pasado, desde la Coordinación General Jurídica se entregaron notarías a varios funcionarios activos como sucedió con Lilia Reyes Morales, Juan Alberto Flores Álvarez y Marcela Straffon Ortiz, quienes operaron, los dos primeros, desde la misma dependencia y la segunda a partir de su cargo como directora del Periódico Oficial del Estado.
“Es una lástima como se manejan en Hidalgo las notarias”, asevera el representante popular.
Agrega que con la aplicación del examen correspondiente para ver quien está capacitado no habría lugar a dudas. Explica que en la entidad hay alrededor de tres o cuatro notarías en Jacala, Molango y Huejutla o Chapulhuacán, que quisieran concursar por una plaza de notarios lo que no se hace.
De hecho, el parámetro del gobierno estatal para establecer notarías, según lo expresa la Ley Notarial, es de acuerdo a las necesidades poblacionales, que a su decir es de una por cada 40 mil habitantes.
En el sexenio anterior, sólo se creó una notaría oficialmente, la No. 14 del Distrito Judicial de Pachuca, en que quedó al frente Flores Álvarez, sin embargo, el resto fue para quien al gobierno se le antojó colocar, sin respetar lo establecido en la Ley Notarial.
Aunque por ley debe abrirse el proceso, en Hidalgo, dice el representante popular, es otra historia. Este tipo de concesiones las otorga el gobierno estatal de manera directa a quienes considera cuentan con los méritos, pero nada de exámenes, convocatorias o evaluaciones y resultados, añade.
Ortiz Simón urge a hacer una revisión de cómo se están manejando los permiso para las notarías y “debe hacerse una revisión total para todas aquellas que están prestando los servicios en la entidad”, pues existen indicios de manejo personal de la información que presuntamente debería quedar en reserva bajo el secreto profesional.
Publicado: Año 2 / Julio 2007 / No. 20
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