Hidalgo ocupa el tercer lugar nacional en corrupción, según denuncian empresarios estatales. Ese rango podría disminuir al aplicar la recién aprobada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para Hidalgo, norma que enfrenta la disyuntiva de garantizar el status quo o realmente funcionar como un instrumento eficaz de combate contra la corrupción.
La flamante Ley de Transparencia en Hidalgo está desfasada, asegura el investigador Pablo Vargas González. Aprobada cuatro años después de promulgarse la ley federal en la materia, tampoco incluye las propuestas que sobre rendición de cuentas realizó la sociedad civil hidalguense, afirma el también integrante de la Unión de Organizaciones de las Sociedad Civil de Hidalgo (UnidoscH).
Otro desafío para la cabal eficacia de la nueva Ley, radica en la posible parcialidad de los cinco consejeros integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental. El Ejecutivo estatal tiene la facultad de designarlos, por lo que no se descarta que ellos estén vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como ocurrió tras el reciente nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia, de los consejeros electorales y el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano.
“Atole con el dedo”
En opinión de Otilia Sánchez Castillo y Pablo Vargas, quienes presentaron su propia propuesta de ley, la norma aprobada por el Congreso “le dio atole con el dedo a los ciudadanos”, pues “restringe severamente el acceso a la información pública gubernamental”. Sánchez Castillo explica que son 19 las hipótesis para que la información se clasifique como reservada -nueve más que las contenidas en el documento rector-. Ahí se concentraron iniciativas partidistas, de organismos empresariales y de 18 foros de consulta ciudadana reunidas desde el año 2002.
Sánchez sostiene que la información que se clasifique como reservada, puede permanecer inaccesible al público hasta por 12 años. Ese plazo puede incluso ampliarse por un periodo igual. Es decir, la información reservada puede serlo hasta por 24 años como máximo.
La integrante de Organizaciones de la Sociedad Civil afirma que en la flamante Ley de Transparencia de Hidalgo, se limitaron las facultades del Instituto de Acceso a la Información, de forma que esa instancia no podrá acceder a la información reservada. Corresponde a las unidades administrativas clasificar como tal la información pública, de acuerdo con la decisión del consejo correspondiente.
Bajo control partidista
Miguel Ángel Osorio Chong, de extracción priísta, ha sostenido que la transparencia es bandera de su gobierno. Sin embargo, la percepción en el estado es que a pesar de la nueva norma, las acciones públicas no serán tan fáciles de conocer. Así ha ocurrido con otras instancias oficiales, como las creadas para promover la competencia, equilibrar el poder, y para vigilar la buena aplicación de los recursos públicos que, al quedar bajo control de funcionarios emanados del Revolucionario Institucional, reeditan hábitos contra la rendición de cuentas.
En broma, algunos ciudadanos hidalguenses sostienen que tal control se traduciría en que los funcionarios son dioses, pues hasta ahora ninguna información pública revela la existencia de errores en el desempeño en la administración estatal. Por el contrario, dicen, su eficiencia es tal que se premia con nuevos cargos al tiempo que se desempeñan como diputados locales o federales, presidentes municipales. “O cambiar radicalmente de cargo, al frente de la Procuraduría General de Justicia, por ejemplo”, dice en broma José Mandujano, comerciante del centro de Pachuca.
Al parecer, Hidalgo es un paraíso terrenal y todo está bajo control. No hay reclamos sobre la multiplicidad de cargos que asumen los políticos. El Poder Legislativo está encabezado por el priísta José Antonio Rojo García de Alba, quien también dirigió a su partido en el estado, ha fungido como diputado federal y secretario de estado.
De los 29 diputados locales de la Quincuagésima Novena Legislatura, ocho son de oposición. La legisladora del Partido Verde Ecologista de México, Jerusalem Kuri del Campo, nunca renunció a su militancia priísta y podría ser considerada tricolor. El auditor superior, quien preside el Órgano Superior de Fiscalización, dependiente del Congreso, es el priísta Quintín Hidalgo Hernández. El Poder Judicial es presidido por la priísta Carolina Viggiano Austria, la mayoría de jueces y magistrados pertenecen a este partido o están vinculados a él.
Al Consejo Consultivo Ciudadano lo dirige el priísta Mario Viornery Mendoza, por lo que ahora ese organismo, que pretende involucrar a la ciudadanía en la fiscalización de los recursos, de ciudadano sólo tiene el nombre.
En ese control partidista radica la desconfianza de que los consejeros del flamante Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental en la entidad, no cumplan el requisito mínimo de imparcialidad que garantice al ciudadano el derecho a la información pública gubernamental.
¿Qué pasó en el Tephé?
Tras el escepticismo por la nueva normatividad, permea el temor de no someter a la Justicia los casos de corrupción que se revelen tras consultar información pública gubernamental. El recelo popular refiere que así ocurrió con la construcción del distribuidor vial El Tephé. En esa obra los habitantes de Ixmiquilpan e hicieron públicas las deficiencias y mala calidad que detectaron antes de que concluyera, “incluso se estaba cayendo” afirman los inconformes.
Al respecto, hasta ahora la Contraloría estatal, a cargo del priísta Eugenio Imaz Gisper, no ha encontrado ningún responsable y probablemente tampoco lo haga el Órgano Supremo de Fiscalización, dependiente del Congreso del Estado, cuando califique la cuenta pública estatal. Esa instancia debería considerar los 8 millones de pesos extras que se inyectaron al distribuidor para corregir sus deficiencias más visibles, explican los habientes de ese lugar. |
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Partidos políticos contra la Transparencia
Inmersos en la lucha por el poder y las prebendas, las dirigencias de los partidos políticos de oposición con registro en la entidad, convalidan con su silencio importantes acciones de gobierno, como la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta norma contiene varios artículos que podrían ser utilizados para negar a los ciudadanos el legítimo derecho de acceder a la información pública gubernamental y con esto hacerle frente al alto grado de corrupción e impunidad que aún prevalece en la esfera gubernamental.
Aunque la iniciativa de Ley de Acceso a la Información fue sometida a 18 foros de consulta y para su elaboración se consideraron las iniciativas presentadas por los partidos de la Revolución Democrática, las dos de Acción Nacional, la del gobierno anterior y propuestas de la sociedad civil e iniciativa privada, el documento final aprobado el 18 de diciembre era desconocido hasta por los diputados que lo aprobaron.
El jueves 14 de diciembre la iniciativa fue presentada ante el Congreso, por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en un acto al que asistieron el gobernador de la entidad Miguel Ángel Osorio Chong y la presidenta del Tribuna Superior de Justicia, Alma Carolina Viggiano Austria.
En esa maratónica sesión, la presentación de la ansiada Ley de Transparencia pasó inadvertida para la mayoría de los interesados -incluso para los críticos- ya que en esa ocasión se entregó la medalla “Pedro María Anaya” al caricaturista hidalguense Gabriel Vargas, autor de la Familia Burrón, y se firmó un acuerdo sobre límites territoriales entre los municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma, para dar fin a un añejo conflicto.
Ese mismo día, al fin de la sesión y al día siguiente (viernes 15), Contralínea Hidalgo solicitó la Iniciativa de Ley que 24 horas antes había sido entregada al Congreso, e incluso al área de comunicación social. Se constató que nadie la tenía, nadie la conocía.
Sin embargo, el lunes 18 -tres días después, dos de estos inhábiles-- con el voto de la mayoría de diputados a favor y la participación de los legisladores de las fracciones del PAN, PRI, PT y Verde Ecologista de México, se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entrará en vigor hasta el 15 de junio de 2008.
Al cierre de esta edición, militantes y dirigentes del PAN y del PRD aún desconocían el articulado de esa Ley y si estaban incluidas o no sus propuestas, y lo que es todavía más lamentable, es que no hubo ningún pronunciamiento de las dirigencias partidistas al respecto.
El riesgo de que esta Ley, aprobada fast track, no cumpla las expectativas que garanticen el derecho a la información pública gubernamental, radica, por ejemplo, en que su Artículo 29, da a conocer 19 hipótesis para determinar porqué será clasificada como reservada la información, lo que restringirá en gran medida el acceso a gran parte de esa información gubernamental.
Otro aspecto relevante es que en la conformación del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, el derecho a proponer a los consejeros recae en el titular del Poder Ejecutivo, previa consulta a las instituciones, agrupaciones u órganos de profesionistas. Aquí, el Ejecutivo podría caer en la tentación de poner a quienes más le convenga como consejeros, y ejercer control de la información, como ocurre en Yucatán, en donde el gobernador de esa entidad nombró a notario públicos, afines a él, como consejeros del Instituto. (Sergio Islas) |
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Control priísta arriesga la transparencia
Una investigación de Contralínea-Hidalgo demostró que podrían ser anuladas diversas leyes, aprobadas por la actual Cámara de Diputados de Hidalgo, ante la sobre representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local, como establece un principio constitucional.
Esa disposición estatal y federal no permite la sobre representación de las cámaras de diputados en favor de determinado partido político, con objeto de dar equilibrio democrático y proteger a las fuerzas minoritarias. Se buscaría garantizar así la legalidad y la certeza jurídica en los acuerdos, iniciativas o reformas de ley en el Congreso. En la cámara baja hidalguense, el PRI tiene sobre representación respecto de los otros partidos políticos, por lo que de acuerdo con especialistas en la materia, tal situación viola el principio Constitucional Democrático de “no sobre representación legislativa”.
Ante ese panorama, y de presentarse un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), todas las iniciativas aprobadas en la actual legislatura estatal podrían quedar nulas por la inconstitucionalidad de esa conformación. Eso causaría la inoperancia de las leyes aprobadas durante la actual legislatura y obligaría a que se reinicie una nueva que cumpla las formas Constitucionales.
De acuerdo con la Constitución Mexicana, el recurso legal podría iniciarse a petición de la Cámara de Diputados Federal ante la SCJN mediante solicitud por escrito de algún ciudadano, fundado en la garantía de petición establecida en el artículo 8º de nuestra Carta Magna. También podría iniciarse a petición de algún partido político, como institución de interés público.
Leyes en riesgo
Ante este panorama, tendría que anularse la recién aprobada Ley de Transparencia, -que entrará en vigor en año y medio-, entre otras leyes y decretos. Al ser inconstitucional la integración de la legislatura que aprobó las leyes, éstas no entrarían en operación, con lo que el acceso a la información pública se retrasará aún más y, por tanto, la transparencia en Hidalgo.
El caso extremo es que tendría que aprobarse una nueva ley por una nueva conformación de diputados locales -que sea legítima- que cumpla los principios Constitucionales.
De continuar la situación actual, la ley de transparencia y otras leyes, como la de desarrollo social, aprobadas en la actual legislatura no se cumplirán, ya que cualquier autoridad estatal podrá negarse a obedecer alguna petición ciudadana respecto a esas leyes. Incluso, el Congreso se podrá amparar para no facilitar información o alguna asistencia requerida por la población, ya que tales leyes fueron aprobadas de origen en una Cámara de Diputados local con una conformación inconstitucional.
Esta acción, advierten algunos, pudo ser premeditada y organizada desde hace unos años por grupos políticos locales que ven en peligro sus intereses con la Ley de Transparencia e intentan frenar la información pública en Hidalgo para ocultar el destino del dinero o bienes públicos, los cuales deberían ser aplicados en beneficio de toda la gente y en especial la gente de escasos recursos. ¿Simulación política?. (Héctor Ortega) |
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Publicado: Año 2 / Enero 2007 / No. 16
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Baja California 