Casi dos años después de asumir ese primer compromiso de buena fe, continúa la interrogante: ¿qué condujo al titular del Ejecutivo local a ponerle la soga al cuello al sistema político local que enriqueció a unos cuantos y empobreció a miles de hidalguenses? Porque no se puede negar que existe la corrupción en Hidalgo. El Congreso del estado nos dio una probadita al rechazar, por primera vez en la historia de la entidad, más del 30 por ciento de cuentas públicas municipales, por las inconsistencias que encontró en el manejo del erario municipal.
Hasta este momento, esa promesa de inicio de gobierno se ha cumplido a medias. La Iniciativa está en poder de la Comisión Redactora del Congreso, después de someterla a consulta en 18 foros ciudadanos. A 21 meses de la sorpresiva propuesta, los ciudadanos dudan que la promesa de transparentar la acción pública se cumpla. Basta recordar que al crearse los Consejos Consultivos Ciudadanos, para involucrar a la ciudadanía en acciones de gobierno para auditarlas, en la práctica pasaron a manos de conocidos priístas.
Lo mismo ocurrió con la ciudadanización de las elecciones constitucionales: quien las organiza y vigila son los mismos grupos que compiten por el poder. Los ciudadanos sólo participan como electores. Pero todo es legal, nadie lo duda. Para ser consejero debe acatarse el Artículo 74 Fracción II de la Ley Electoral; si bien la elección de Alejandro Fosado revela que siempre son útiles las negociaciones partidistas.
En el caso de la transparencia gubernamental, que la ley entre en vigor hasta dentro de 18 meses, nos lleva a sospechar que de tanto pulirla, en lugar de tener una legislación de vanguardia en la materia, tendremos un Frankenstein que engrosará al aparato burocrático para mantener el control de la información y así garantizar la impunidad.
No debe ser un “sueño guajiro” que Hidalgo posea a corto plazo una Ley de Transparencia que frene la corrupción y extermine el tráfico de influencias. Vivimos en uno de los estados más pobres del país porque no hay rendición de cuentas y la sociedad no se ha convertido en auditora de la gestión pública. Sería lamentable, luego de tanta consulta ciudadana, que algún priísta acabe presidiendo el organismo encargado de vigilar el cumplimento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental y que su función sea, en la práctica, garantizar la impunidad de altos funcionarios del estado o de empresas privadas que manejen fondos públicos.
Publicado: Año 2 / Enero 2007 / No. 15
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Baja California 
