Corrupción en La Huasteca

Huejutla, Hgo. Esta ciudad de la Huasteca hidalguense retrata múltiples expresiones que la corrupción e impunidad han adoptado en el estado. Las historias dan cuenta de la falta de rendición de cuentas de los munícipes –al menos dos están prófugos–, al abuso del poder de funcionarios y el despojo de que han sido víctimas los más débiles.

Salvo excepciones, esta tierra ha sido prodiga en ediles corruptos. Así lo señalan quienes han habitado Huejutla desde largo tiempo atrás. Recuerdan que durante el trienio pasado, el panista Alfredo San Román Duval gobernó a esta ciudad. Ahora, este panista está “prófugo” de la justicia porque se le imputan prácticas corruptas durante su administración. De igual manera sucede con Marco Antonio Ramos Mogol, edil del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a quien se señala por haber alterado las actas de cabildo para justificar un presunto desvío de recursos públicos.

Esta historia combina todas las aristas del complejo problema:

Patricia Hernández Bautista vivió un “infierno legal” cuando fue apresada tras intentar recuperar a su hija que le había sido robada a los dos años de edad. Patricia tuvo que pagar, hasta con cárcel, su osadía de querer vivir feliz al lado de su pequeña hija, Ángeles Heylin Martínez Hernández. Patricia no tiene dinero e ignora las leyes que protegen su potestad. Hasta que Ángeles le fue arrebatada de su lado, cuando ésta apenas rebasaba los dos años de vida, se percató de la importancia de poseer bienes materiales para hacer valer su derecho de madre.

A su dramático testimonio –que podría calificarse como la legalización del robo de infantes– se suman otros más, como el impune despojo de tierras en contra de ancianos, mujeres e indígenas de la región, con la complicidad de autoridades corrompidas.

En el clima de descomposición social que prevalece en la región, la impunidad con la que operan líderes de diversas organizaciones, políticos, abogados sin escrúpulos, caciques, brujos y hasta representantes de la Iglesia Católica, es la única ley imperante.

De acuerdo con cifras y testimonios oficiales, la pobreza, marginación e ignorancia en la que vive gran parte de los habitantes de esta región, constituyen el caldo de cultivo de la corrupción. Ese escenario coloca en situación de desventaja a los huastecos –pobladores en su mayoría indígenas– cuando pretenden hacer valer sus derechos.

Justicia ciega

Ese es el caso de Patricia Hernández. En su peregrinar ante las instituciones judiciales de Hidalgo y el Distrito Federal para recuperar a su hija esta mujer ha debido enfrentar incluso un juicio penal por sustracción de menores, delito por el que actualmente está libre bajo fianza.

Además, la joven habitante de Huejutla, permaneció más de una semana recluida en Centro de Readaptación Social (Cereso) de Jaltocán, Hidalgo, a pesar de que existían pruebas a su favor con las que demostró ser la verdadera madre de Ángeles, como es la muestra de material genético (ADN).

En un desesperado intento por comprobar su maternidad e inocencia, Patricia emprendió un juicio –aun en curso– para anular el acta de nacimiento de su hija que fue expedida de forma irregular en un municipio de San Luis Potosí. Con ese documento, los “roba chicos” han amparado la presumible paternidad de la menor. Al mismo tiempo, esta madre hidalguense ya se prepara para enfrentar el juicio de convivencia que emprendieron en su contra los abogados de los supuestos padres.

Patricia apenas rebasa los 22 años de edad. Es de corta estatura y complexión delgada. De tez morena y rostro inexpresivo. No tiene familiares ni amistades; un día su madre la dejó en Huejutla con una tía “para que fuera a la escuela”, pero al morir su pariente se quedó sola en esta ciudad.

El padre de su hija, cuando supo que ella estaba embarazada, la abandonó. Ella tenía tan sólo 16 años de edad cuando se convirtió en madre. Desde entonces ha trabajado en casas y pequeños negocios percibiendo salarios que en el mejor de los casos apenas alcanzan los 600 pesos semanales, sin prestaciones y con jornadas de más de 12 horas diarias.

Gran parte de sus ingresos los destina a la renta de su vivienda. En ese constante cambio de domicilios, conoció a la pareja de vecinos que, más tarde, le arrebatarían a su hija: Marisol Hernández Pérez y Jacinto Martínez Hernández.

La mujer se ofreció para cuidarle a su hija mientras Patricia trabajaba. Bajo ese acuerdo, a lo largo de cuatro meses la joven dejó todas las mañanas a la pequeña Ángela bajo el cuidado de Marisol. Por las noches pasaba por su hija y juntas pasaban la velada hasta que al otro día se repetía la rutina. Una de esas oscuras noches, al regresar de su trabajo, ya no encontró ni a Marisol, ni a su hija. Jacinto también había desaparecido.

Su juventud, ignorancia y soledad, le impidieron reaccionar legalmente. “Con nadie platicaba mis problema”, nos relata. Recuerda que sólo pudo realizar algunas llamadas a un teléfono de Poza Rica, en el estado de Veracruz, que con anterioridad le había proporcionado Marisol Hernández. Pasaron varios meses hasta que por fin la localizó y entonces Marisol “accedió” para que Patricia visitara a Ángela.

Desamparada, sin un trabajo que garantizara el traslado y recuperación efectivos de su hija, Patricia dejó pasar dos años y medio entre encuentros esporádicos de madre he hija y largos periodos de separación. Eso la consolaba.

Sin embargo, las fugas de la pareja persistían. Una y otra vez, Patricia le perdía la pista al matrimonio que le había robado a su hija y volvía a buscarlos. En uno de esos reencuentros, que tuvo lugar en Huejutla, se armó de valor y aprovechando un descuido de los supuestos padres, tomó a su hija y se la llevó con ella hasta el Estado de México, donde Patricia nació.

Ahí, con la ayuda de algunos parientes, en octubre del 2006, inició los trámites para comprobar legalmente su maternidad. Entre ellos, el examen de comprobación genética (ADN), como parte de la denuncia que interpuso con el número de expediente TU/DIF/497/2006, ante la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJM), por el delito de sustracción de menores, en contra de ese matrimonio.

Su denuncia no prosperó en el estado de México porque los hechos ocurrieron en Huejutla. Por eso, el expediente fue remitido a la Procuraduría General Justicia del Estado de de Hidalgo (PGJH), en donde simplemente se archivó.

En Huejutla, adonde Patricia tuvo que regresar para anular el acta de nacimiento irregular que Marisol y Jacinto habían obtenido en el Registro Civil de Pujal, Municipio de Ciudad Valle en el estado de San Luis Potosí, se encontró con la acción pronta y expedita de la “justicia” hidalguense.

En el centro de esta ciudad, se encontró de frente con Marisol Hernández y unos minutos después fue aprendida por agentes de la Policía Ministerial que la remitieron inmediatamente al Cereso de Jaltocán. De ese centro penitenciario salió diez días después de esa detención arbitraria y mediante el pago de una fianza de 15 mil pesos que liquidó con ayuda de sus parientes que viven en Tultitlán, estado de México.

Su peregrinar en pos de justicia continuó. Cuatro días después de que Patricia abandonó la cárcel, apenas el pasado 11 de mayo. Marisol Hernández, con ayuda de dos mujeres más, logró extraer a la pequeña de su hogar con una maniobra que tuvo exceso de violencia. Afortunadamente para la madre que de nuevo sufría el secuestro y apropiación de su hija, lograron detener a la presunta “roba chicos” y recuperar a la pequeña.

Sin embargo, ya en la Agencia del Ministerio Público (MP), Roberto Ángeles Ortiz, el responsable de esta oficina dependiente de la PGJH, tomó partido a favor de Marisol Hernández. En esa ocasión, el representante social persuadió a la madre de la niña para que no levantara ninguna denuncia penal contra la mujer agresora y, con esa medida, el funcionario público evitó que la plagiaria pisara la cárcel.

Durante la larga noche de esos acontecimientos, Patricia Hernández tuvo que enfrentar al agente del Ministerio Público, al abogado de la presunta delincuente, Oscar Esquivel Vera (quien se ostenta como secretario de la Barra de Abogados de Huejutla) y a la misma Marisol Hernández, porque el representante de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, Luis Felipe Monroy, la abandonó a su suerte.

Patricia mostró a Contralínea copias del testimonio de su denuncia y del convenio que le obligó a firmar Ángeles Ortíz, el agente del MP. De este documento destaca el Punto Cuatro, en el que las partes deslindan de toda responsabilidad de este litigio a la Agencia del Ministerio Público. No hubo detenidos.

Existen evidencias de que Roberto Ángeles, tomó partido en perjuicio de Patricia Hernández, al expediente abierto por la PGJEM en donde destacaban las pruebas suficientes para demostrar la maternidad de la acusada y por negarse a levantar la averiguación previa en contra de los supuestos “roba chicos”.

El colmo del cinismo

La impunidad con que se actúa en las instituciones públicas de esta región, al noroeste de la entidad, es tan grave que no se guardan las formas. De acuerdo con la página electrónica del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, su objetivo es “atender a los grupos sociales en vulnerabilidad que lo soliciten, brindándoles asistencia jurídica, social, psicológica y de prevención, principalmente a quienes han sido victimas de maltrato”.

Sin embargo, testimonios recabados por Contralínea confirman que el DIF de Huejutla no cumple con esa misión. Las mujeres entrevistadas por separado pidieron que se reservaran sus nombres por temor a las represalias. Todas coincidieron en señalar que en las primeas visitas al DIF se brinda una imagen de legalidad y seguridad, como en los casos de la atención para las mujeres maltratadas y sus hijos. Cuando los trámites avanzan, todo cambia.

Una vez que el subprocurador se entrevista con los maridos, golpeadores en su mayoría, las cosas empiezan a cambiar. “Con el librito en la mano les lee sus derechos y les asesora en los pasos que hay que dar”, explicaron las mujeres que acuden a esa institución en busca de orientación y justicia contra la violencia doméstica.

Situación semejante ocurrió con la averiguación previa 697/2005, interpuesta por los hermanos Ana y Pablo –ellos prefieren omitir sus nombres para proteger la identidad de sus tres hijos– en contra de la esposa del segundo –a quien nombraremos como Lupe–, por el supuesto robo de un automóvil.

En la página tres de ese expediente, consta que el abogado de los hermanos Ana y Pablo fue Oscar Rodríguez Espitia. Lo notable es que en Huejutla, lugar en donde sucedieron los hechos, este personaje se desempeña como responsable de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, área dependiente del Sistema DIF estatal.

Al evocar el origen del litigio que libra contra Pablo, Lupe refiere que tras la primera entrevista de Oscar Rodríguez con su marido –quien hacía ostentación de su amistad con el subprocurador– la situación dio un vuelco. Desde ese primer encuentro, las soluciones al conflicto que propuso Oscar Rodríguez concedían grandes ventajas para Pablo: reanudar las relaciones de marido y mujer, pretender que Lupe olvidara los golpes que le propinaba cada vez que él se embriagaba o, aceptar una pensión alimenticia de apenas el 30 por ciento para sus hijos.

“Al ver que el subprocurador ignoraba mis propuestas e insistía que yo firmara un convenio que me perjudicaba a mi y mis tres hijos, decidí contratar los servicios de otro abogado. Luego de ese cambio de representante todo avanzó y en corto tiempo gané una pensión alimenticia del 45 por ciento”, revela la mujer, quien agrega cómo esa derrota “provocó el enojo del subprocurador, pues ahora abiertamente asesora a mi marido para que me disminuyan mi pensión”. Lupe aporta como prueba de su dicho, la averiguación previa 697/2005 en su contra.

Recuerda que fue desalojada de la oficina de este funcionario público. “Me gritó que era yo una vieja loca con la intención de interrumpir una reunión que sostenía con mi marido, dos abogados del sindicato de maestros y dos amigos suyos, quienes pretendían ser testigos de un juicio más en mi contra”.

En busca de asesoría jurídica gratuita para resolver sus problemas, no son pocas las mujeres que han corrido la misma suerte de Lupe. Ante la falta de apoyo, tienen que buscar la asesoría de un abogado para enfrentar los fallos que favorecen a sus esposos y que provienen de la oficina del subprocurador.

Además, la indolencia jurídica con que se atienden sus casos, provoca la persistencia de la violencia doméstica por la que acudieron a esa instancia. Así lo reveló el testimonio de otra mujer, quien fue golpeada tan violentamente por su marido, que ahora presenta obstrucción arterial y, en consecuencia, su salud es de pronóstico grave. Entretanto, la institución que debiera salvaguardar sus derechos, no ha resuelto nada a su favor.

Despojo persistente

Huejutla es, además, tierra de caciques. Aquí, despojar de sus propiedades a personas indefensas parece asunto fácil, como exhibe la averiguación previa 5/1/112/2006 en contra de Eneo Cerón Sánchez, por el delito de despojo, en perjuicio de la anciana, Timotea Martínez Guerrero.

En ese caso no bastó que la afectada presentara la escritura de su terreno ante el Registro Público de la Propiedad, el certificado de titulo de propiedad, la constancia de no adeudo y otros documentos más que acreditaban su propiedad para obligar legalmente al influyente Eneo Cerón a devolverle el predio. No hubo justicia para el despojado. Situación semejante vivió Agustín Hernández Medellín, despojado de sus propiedades por su consorte, en complicidad con el sacerdote Antolín Espino. Ambos fueron acusados por los delitos de despojo y adulterio, pero la denuncia tampoco prosperó.

En el ámbito de la educación pública, en Huejutla este sector fundamental para el desarrollo regional se convirtió ya un gran negocio para unos cuantos. Asimismo, las autoridades que debieran impedir el lucro con este servicio, se muestran omisas y sin rendir cuentas. De esta manera, en prácticamente todas las escuelas, los padres de familia son obligados a pagar cuotas de inscripción “voluntarias” que oscilan entre 300 y 500 pesos por alumno.

A ello se agregan las cuotas que por “cooperación” de todo tipo deben aportar los padres de familia durante todo el curso. Ya sean fiestas cívicas, cumpleaños de directivos, etcétera. Todo depende de la imaginación del director del colegio.

Huejutla no escapa a las prácticas de extorsión que practican los líderes de los vendedores ambulantes. Por ejemplo, los vendedores de discos “piratas”, afirman que deben pagar hasta mil 800 pesos a su dirigente. También en el transporte público es evidente la corrupción. Basta ver la deplorable condición de las unidades que trasladan a los huastecos de las colonias marginadas y de las zonas rurales para comprender que las concesiones de que disfrutan, no han pasado por la más simple comprobación de seguridad del vehículo ni de sanidad, temas ambos correspondientes a las autoridades de Tránsito y Sanidad Pública.

Publicado: Año 2 / Agosto 2007 / No. 21