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HIDALGO  

Municipios: botín de partidos y grupos

Sergio Islas Medina
Detrás de la miseria y marginación de cientos de miles de hidalguenses se oculta la corrupción de los munícipes. De 84 presidencias municipales que hay en la entidad, 29 enfrentan procesos judiciales, reveló el análisis de la cuenta pública por el Congreso estatal

 

 

 


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La incipiente pluralidad política en la entidad se tradujo en la decisión del Congreso local de no aprobar 29 cuentas públicas de otros tantos municipios. Con esa medida se documentó lo que era vox populi: que las alcaldías son el botín político y económico de partidos y grupos de poder.

En un acontecimiento inédito en Hidalgo, cuatro ex ediles fueron enjuiciados por corrupción y se rechazaron 29 cuentas municipales por inconsistencias o por no cumplir con el tiempo y forma que exige la ley.

El abuso de los recursos públicos municipales explica, además, que Hidalgo sea uno de los cinco estados más pobres del país, pues los raquíticos presupuestos de los ayuntamientos han servido, prioritariamente, para fabricar ex alcaldes ricos y pueblos marginados.

Un ejemplo lo constituye Ixmiquilpan, considerado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi) y el Consejo Nacional de Población (Conapo) como uno de los municipios más marginados del país. Ahí, la tradición de que los ex alcaldes se convirtieran en prósperos hoteleros se rompió con el ex presidente municipal priísta Felipe Hernández Hernández, y la razón pudo ser la reciente derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en esa demarcación.

Actualmente, 29 de los 84 ex alcaldes de los municipios de Hidalgo enfrentan procesos judiciales por no aclarar el destino de parte del erario. Fue la creciente participación ciudadana en los ayuntamientos el factor que contribuyó a fincar esos procesos que rompen con el tradicional control de la información que se ejercía sobre este tema. Así, fue posible conocer los obscuros manejos presupuestales y se convirtió en una cuña para impedir, desde el Congreso, la impunidad de gran número de alcaldes.

Paradójicamente, la persistencia de esa lógica de corrupción permitió salvar a los ex presidentes municipales priístas de Epazoyuca y Pachuca (Carmina Ortiz de la Rosa y Alberto Meléndez Apodaca, respectivamente). A pesar de las denuncias públicas y los evidentes hechos de corrupción que prevalecieron durante sus administraciones, fueron eximidos de toda responsabilidad por la Junta Legislativa local.

Destino fraudulento del erario

De acuerdo con las estimaciones de la Conapo, con base en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 del Inegi, un 14.92 por ciento de la población hidalguense mayor de 15 años es analfabeta; 34.09 por ciento de esa misma población no terminó la primaria; 17.19 por ciento de viviendas no cuentan con drenaje y 7.66 no tienen energía eléctrica.

Sin embargo, más del 70 por ciento del presupuesto de los 84 ayuntamientos se destina al gasto corriente, mientras que apenas el 30 por ciento restante ha sido dedicado a obras públicas y abatir algunos de estos índices que mantienen a la entidad como el quinto estado más pobre del país, sólo arriba de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, con una calificación de un muy alto grado de marginación.

Ixmiquilpan, por ejemplo, es un municipio que maneja un presupuesto anual de aproximadamente 70 millones de pesos, de ese universo sólo 30 millones está designado a obras públicas y a abatir el rezago de sus más de 100 comunidades, la mayoría de ellas con un alto porcentaje de marginación.

En tanto, el municipio de Nicolás Flores, catalogado como uno de los de mayor alto grado de marginación, ejerce un presupuesto anual de 19 millones, de los que sólo 6 millones 900 son destinados a acciones que tienden a desalentar la pobreza. 

Sin embargo, el caso más evidente del despilfarro de recursos públicos es el del ayuntamiento de Pachuca, que fue gobernado por el ex candidato a diputado federal por el PRI, Alberto Meléndez Apodaca, durante el trienio 2003-2006. Durante su gestión destinó el 64 por ciento de su presupuesto –alrededor de 290 millones– al pago de la nómina, algo así como 185 millones de pesos anuales.

El proyecto de homologación de sueldos de trabajadores de confianza, que realizó la presente administración en la capital del estado, dejó al descubierto que Meléndez Apodaca engrosó la nomina con personal de confianza y poco invirtió en personal en áreas de seguridad o limpia, por citar algunos ejemplos.

Sólo cuando fueron recortadas 10 plazas en áreas como Contraloría, Desarrollo Económico, Secretaría General y el despacho del presidente, se logró un ahorro mensual de 174 mil 836 pesos mensuales, pues devengaban sueldos de entre 6 y 27 mil pesos cada mes.

Por otra parte, en el análisis de la cuenta pública de los municipios reveló que gran parte del raquítico presupuesto de los municipios se traduce en beneficio de las constructoras, muchas de ellas propiedad de personajes vinculados al poder. De ahí que las obras que resultan de esos contratos municipales sean no prioritarias o de mala calidad y cuyos costos se inflan en más de 50 por ciento.

Así ocurrió en municipio de Huahutla, en la Huasteca hidalguense, la cual figura como una zona de muy alta marginación del país. En la comunidad de El Lindero de esa demarcación, se construyó la primera etapa de una iglesia. Vecinos de la localidad aseguran que el costo fue de 441 mil pesos, mientras que el presupuesto que ejerció el munícipe fue de 695 mil 542 pesos, suma que presumiblemente cargó al Fondo Aportaciones para al Infraestructura Municipal.

Cuotas para grupos políticos

En la cotidiana pugna política, las presidencias municipales han sido fuente de financiamiento de partidos políticos y grupos de poder.

Testimonios de constructores independientes –que solicitaron el anonimato por razones obvias– y miembros de algunas asambleas municipales dan cuenta de esa práctica. Como regla no escrita, es común que aporten al edil en turno el 10 por ciento del costo total de cada obra una vez que ganan la licitación. Los empresarios interesados en beneficiarse con la asignación de una obra deben acatar ese compromiso, ya que la comisión al edil se destina a financiar actividades del grupo político que apoyó su candidatura.

Otra factura muy cara para el erario es una práctica de los ediles que consiste en ceder los puestos clave de la administración –como la Tesorería y la Secretaría de Obras Públicas– a sus padrinos políticos. Así se exhibió públicamente tras los acontecimientos en el marginado municipio de Yahualica del 3 de agosto del 2003, en donde murieron cuatro indígenas a manos de policías del lugar, por órdenes del constructor, Francisco Lanzagorta Hernández, aún prófugo de la justicia.

Después de esa tragedia, que impactó a la opinión pública hidalguense y del país, quedó al descubierto que Lanzagorta Hernández manejaba las arcas públicas a través de su esposa, quien ocupó la Tesorería a comienzos de la administración 2003-2006, mientras que a él le eran adjudicadas obras como proveedor de ese municipio.

Otro testimonio de cómo son saqueadas las arcas públicas en beneficio de grupos políticos es el caso de Epazoyucan, gobernado durante el trienio 2003-2006, por Carmina Ortiz de la Rosa, a quien pese lo atropellado de su gestión y a las reiteradas denuncias de la mayoría de la asamblea municipal, sus tres años de gobierno fueron aprobados sin contratiempos.

Durante los dos últimos años de esta administración, los ex asambleístas de Epazoyucan realizaron múltiples visitas al Congreso y al gobierno estatal, para denunciar a Ortiz de la Rosa y solicitar su desafuero, al tiempo en que señalaron que el municipio es coto de poder de Gerardo Sosa Castelán, diputado federal y creador de la Fundación Hidalguense.

La alerta roja se encendió en la Asamblea Municipal cuando se detectó el desvío de recursos públicos por el orden de 620 mil pesos. El tesorero municipal, Enrique Pérez Cervantes –vinculado con la Fundación Hidalguense o grupo Universidad, como también se le conoce– dejó deudas pendientes en el municipio de Omitlan de Juárez por más de un millón de pesos.

Desde el Congreso

El recuento de la corrupción con el erario en los municipios fue evidente cuando pasó al examen de la LIX Legislatura. Aun así, falta mucho por hacer en la materia, por ejemplo, permanecen dudas en la calificación de la Cuenta Pública del gobierno estatal, por la forma en que fueron aprobadas los tres años de gobierno en Pachuca y Epazoyucan a pesar de las anomalías encontradas y denunciadas por los propios asambleístas.

En el caso de Pachuca, el legislador federal pidió en un documento al Coordinador del Congreso, José Antonio Rojo García de Alba, que revisara esta cuenta; y en conferencia de prensa criticó a sus compañeros de partido en el Congreso por aprobar esa cuenta pública. Pero además, las sesiones de cabildo de esa gestión se empañaron por las denuncias del uso faccioso de los recursos públicos que la prensa local divulgó sobre hechos de corrupción que nunca fueron aclarados.

En la sesión realizadas en los primeros días de febrero del 2004, ya se señalaba que la administración de Meléndez Apodaca arrastraba un déficit de más de 50 millones de pesos en su primer año de gobierno. En otra más se criticó que por falta de recursos no se hubiese concluido el Programa Hábitat, y ya se señalaba la falta de transparencia en el manejo del erario. Una sesión después abordó el aumento excesivo a los salarios de funcionarios municipales.

Pero no hubo más investigación, salvo la noticia publicada por Milenio Diario, a principios del 2005, sobre un posible fraude millonario en la tesorería municipal, debido a la forma irregular en que inspectores de mercados cobraban impuestos a comerciantes, señalamiento que desconoció la Tesorería.

En Epazoyuca, la Asamblea denunció un fraude por 620 mil pesos, ya que el cabildo fue ignorado por la ex edil, el Congreso y el gobierno del estado. Se adquirió un terreno por un millón 200 mil pesos, para construir pies de casas (aún no se concluyen), aunque el Ayuntamiento sólo autorizó a la edil erogar 600 mil pesos; y a pesar de que la ex funcionaria acordó que se realizara una auditoría externa, ésta nunca se llevó a cabo porque al despacho contable contratado no se le dio acceso a la documentación.

En señal de protesta, la Asamblea municipal se declaró en sesión permanente desde mayo de 2005 hasta el 16 de enero del 2006, cuando concluyó la gestión de Carmina Ortiz, sin que informara a los regidores de las actividades realizadas en su último año de gobierno. El Congreso calificó su gestión con el aval del síndico procurador, Abel Islas Moreno, de extracción priísta y quien percibía un sueldo de 12 mil pesos además de su salario como empleado de la Comisión de Alcantarillado y Servicios Intermunicipales (Caaim), al que no solicitó licencia como exige la ley.

Esos elementos habrían sido suficientes para no aprobar la cuenta pública de Pachuca, sin embargo, a 10 meses de gestión la actual administración aún paga el adeudo de unos 40 millones de pesos que heredó Meléndez Apodaca con proveedores.

Esta es una radiografía del derroche de los escasos recursos públicos en los ayuntamientos. Mientras tanto, persiste la paradoja; el gobernador Miguel Ángel Osorio Chong y el alcalde de Pachuca, Omar Fayad Meneses, encabezan una cruzada nacional para romper con el centralismo federal. Fayad, designado presidente de la zona centro de la Federación Nacional de Municipios de México, afirmó que “la desigualdad en la distribución presupuestal prevalece todavía en nuestro país ya que el total del gasto público, corresponde el 75 por ciento a la Federación, el 17 por ciento a los estados y el restante ocho por ciento a los gobiernos municipales”.

 

Exitosa vigilancia pública

La lista de los alcaldes desaforados a finales del año pasado –por no solventar las observaciones que les hiciera el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) con respecto a sus cuentas públicas del 2003– es la siguiente: José Alfredo San Román Duval, de Huejutla (que además, se fijó un sueldo mensual de 120 mil pesos); Gabriel Hernández Lozano, de La Misión; Felipe Cervantes Cruz, de Pisaflores; y Lucio Escudero Pando, de Tianguistengo.

El primero, José Alfredo San Román Duval, enfrenta dos acusaciones: una por el presunto delito de peculado, cuyo monto asciende a más de un millón 100 mil pesos, y otra por fraude en contra de un particular por más de 800 mil pesos. Por su parte, Gabriel Hernández Lozano enfrentará la acusación por peculado al no cumplir con las observaciones de su ejercicio fiscal 2003, cuya cantidad ascendía a más de un millón 300 mil pesos.

Los municipios que no solventaron a tiempo las observaciones que les hizo el OSF son: Alfajayucan, Calnali, Cardonal, Chilcuautla, Eloxochitlán, Huautla, Huazalingo, Huejutla de Reyes, Huichapan, La Misión, Lolotla, Mixquiahuala de Juárez, Nopala de Villagrán, Pisaflores, San Agustín Tlaxiaca, San Felipe Orizatlán, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Tepehuacán de Guerrero, Tepeji del Río de Ocampo, Tianguistengo, Tlahuiltepa, Tlanchinol, Tlaxcoapan, Tula de Allende, Xochicoatlán, Yahualica, Zapotlán de Juárez y Zimapán.

En su conjunto, no alcanzaron a comprobar el destino de 185 millones 728 mil 928 pesos. Las inconsistencias que se encontraron fueron, en su mayoría, de índole financiera y en la ejecución de obras.

En esa lista faltaron, sin embargo, los ex alcaldes de Pachuca, Alberto Meléndez Apodaca y Carmina Ortiz de la Rosa de Epazoyucan, coinciden en señalar, el diputado federal panista, Daniel Ludlow Kuri (por el caso de Pachuca), Arturo Barraza, ex candidato a la presidencia municipal de Epazoyuca por Acción Nacional, así como el presidente de ese partido y ex regidor en la administración en cuestión, Cirilo Cruz Escamilla.

 

 

Publicado: Año 1 / Noviembre 2006 / No. 13



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